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Los restos de Franco reavivan viejas heridas en España

El gobierno español anunció su intención de retirar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Esta decisión devuelve el protagonismo a la Ley de Memoria Histórica, que puede ser reformada, y a la espinosa cuestión de las exhumaciones de las víctimas del franquismo.

Por Ana García Valdivia

“Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura, la nuestra tampoco. Por eso quiero anunciarles que la decisión política de este gobierno es firme”, así confirmaba recientemente en el Congreso el presidente socialista, Pedro Sánchez, la “inminente” exhumación del cuerpo de Franco.

La basílica, con su prominente cruz de 150 metros de altura, fue construida por los presos políticos republicanos y en ella reposan los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. En 1959, cuando se inauguró el Valle, Franco lo presentó como un lugar de reconciliación y para dar propaganda a esta idea enterró, junto a 27.000 combatientes franquistas, a 10.000 republicanos.

Desde diferentes estratos de la sociedad se rechaza esta idea de “reconciliación”. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, nos cuenta en una entrevista: “Es incomprensible que en un Estado democrático se financie con fondos públicos la tumba de un dictador y que, además, sus víctimas estén enterradas en el mismo lugar”. “Sus cuerpos han sido secuestrados”, añadió Silva refiriéndose a los 10.000 republicanos, que fueron extraídos de fosas comunes y cementerios, sin permiso de familias, y sin que se llevaran a cabo los debidos registros de salida y entrada.

Es por ello que una gran parte de la sociedad civil española considera que el Valle de los Caídos es un lugar de peregrinación y exaltación del franquismo. Sin ir más lejos, hace unos días miles de personas se concentraron bajo la gran cruz cantando el himno falangista “Cara al Sol” con las banderas de la dictadura. Los manifestantes fueron convocados por un grupo de extrema derecha que llamó a una “peregrinación nacional patriótica-religiosa” para protestar contra la decisión del gobierno tras la misa del domingo.

La Ley de Memoria Histórica

La Ley de Memoria histórica fue aprobada en 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además de prever reparaciones a las víctimas y el apoyo del Estado en la apertura de fosas comunes, la ley prohíbe la simbología franquista. Sin embargo, esta ley no prevé un procedimiento sancionador en caso de incumplimiento, ni remite a otra ley que lo haga, algo que le ha valido muchas críticas desde su entrada en vigor por ser demasiado superficial y, sobre todo, ineficaz.

A esto se suma que, une vez que el conservador Partido Popular llegó al poder en 2011, la partida dirigida en los Presupuestos Generales del Estado a aplicar la ley tuvo una asignación continuada de cero euros. “¡A quién le importa eso de la memoria histórica!”, exclamaba el expresidente Mariano Rajoy en un mitin, “yo quiero un gobierno que mire al futuro y no al pasado ni a la prehistoria”. Los dirigentes del partido de la derecha española consideran que la ley es “innecesaria”.

Muy distinta es la posición de aquellos que defienden que es una cuestión de justicia y dignidad. Según el registro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, existen 114.226 cuerpos desaparecidos y en la mayoría de los casos son las familias, asistidas por organizaciones no lucrativas, quienes deben hacerse cargo de las exhumaciones.

“Las sociedades que no resuelven su pasado no se pueden escapar de él”, opinaba el presidente de la Asociación en la entrevista. Silva afirma que las exhumaciones son una forma de cerrar las heridas que quedan abiertas, y hace referencia al “duelo suspendido” que viven desde hace 80 años los familiares de las víctimas del franquismo.

Por su parte, Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, califica de totalitaria la exhumación de los restos del dictador y considera que la medida adoptada “descalifica la historia de nuestro país y hiere los sentimientos de millones de españoles”. En la entrevista declaró que la familia Franco no se plantea un lugar alternativo donde llevar los restos y afirmó no temer la reforma de la ley de Memoria Histórica propuesta por Sánchez, que podría suponer la ilegalización de la Fundación.

Esta reforma, además de incluir la creación de una comisión de verdad y sanciones económicas por incumplimiento, plantea la ilegalización de organizaciones que hagan apología al franquismo. Aunque, según Chicharro, la Fundación está amparada por la Constitución: “A ningún español se le puede discriminar por sus ideas, la Constitución garantiza la libertad ideológica, de cátedra y de expresión” dice.

El delito de apología del franquismo

Una de las claves para entender el conflicto es que en el código penal español, por extraño que parezca, no existe un delito por apología del franquismo. El código recoge la apología del delito y el delito de incitación al odio, discriminación y violencia. Sin embargo, los requisitos para acusar por estos crímenes hacen muy difícil que actos de enaltecimiento del franquismo entren en el tipo legal y sean castigados.

Es una particularidad que diferencia a España de otros países europeos donde sí existen artículos en sus códigos penales que hacen referencias explicitas a la prohibición de enaltecimiento al fascismo y al nazismo, como es el caso de Italia, Alemania y Francia. En este sentido, la exhumación de los restos de Franco puede ser un paso importante para que en España empiecen a curar las heridas abiertas de la guerra civil y de la dictadura, 43 años después de la transición.

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