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El presidente francés fustiga el dumping social en Europa

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El presidente francés y el canciller austríaco Christian Kerne el 23 de agosto de 2017. REUTERS/Bertrand Guay/Pool

En el marco de su gira por Europa del este, el mandatario francés busca aliados para limitar la directiva europea que permite subcontratar a trabajadores a bajo costo.


En esta gira por Austria, Rumania y Bulgaria, el presidente francés Emmanuel Macron busca, entre otros objetivos, convencer a los países de Europa oriental de reformar una controvertida directiva que permite a las empresas europeas subcontratar a trabajadores temporalmente, sin pagar cotizaciones sociales en el país de acogida sino en el de origen, como Polonia o Rumania, donde son más bajas.

Esa directiva que data de 1996 es acusada por los países de Europa occidental, más prósperos, de favorecer el dumping social.

Sin embargo, esa ley es uno de los pilares del mercado común europeo. “Esa directiva se aprobó en 1996 y es una cosa bastante normal que un trabajador de una empresa de la Unión europea tenga que desplazarse a otro país. Hay alrededor de 2 millones de personas en Europa en esta situación, representa alrededor del 1% de todos los trabajadores de la Unión”, explica Michal Natorski, especialista en asuntos europeos de la Universidad de Maastricht en Holanda.

Violación al derecho laboral

Con el ingreso de países del Este de Europa a la Unión, el fenómeno de los trabajadores desplazados aumentó drásticamente ya que permite recurrir a una mano de obra barata debido a la diferencia de tasa impositiva entre distintos países europeos.

Y con estas prácticas se han multiplicado también los abusos. Francia impuso por ejemplo más de 1000 multas por violación al derecho laboral mediante ese sistema entre 2015 y 2016.

Actualmente, algunas empresas son investigadas por falta de pagos de cotizaciones u horas extras como la empresa Terra Fecundis, que envía cada año decenas de trabajadores de España a Francia. Muchos de ellos son ecuatorianos que gozan de permisos de trabajo en España y que buscan mejores salarios en Francia.

El auge del trabajo tempora en el sector agrícola

Vladimir Paspuel, presidente de la asociación Rumiñahui de asistencia a los migrantes ecuatorianos en España, alerta sobre el dumping social de algunas de esas empresas de trabajo temporal, las ‘ETT’: “Estas empresas nos llaman buscando gente para acudir al campo francés a la cosecha de las uvas o de los espárragos”, observa Paspuel.

Varios trabajadores ecuatorianos han denunciado los siguientes abusos: “a pesar de estar trabajando 40 horas o más, están dados de alta por 10 horas, o no les pagan los finiquitos”, denuncia Paspuel.

En 2016, RFI documentó este fenómeno en el suroeste de Francia donde los empresarios del sector agrícola contratan con frecuencia a jornaleros de otros países de la Unión europea a través de empresas intermediarias. Patrick Lasserre-Cathala, inspector de trabajo en esta región explicaba  de la siguiente manera cómo los intermediarios sacaban provecho de la liberalización del mercado europeo: “El agricultor francés tiene que pagar un salario horario mínimo francés, pero el subcontratista paga las cotizaciones en el país de origen, que es España. Ahí se encuentra la diferencia donde la empresa española puede quedarse con una ganancia, porque, por supuesto, no repercute la diferencia en los salarios de los empleados. El otro interés que podría haber, y que sería ilegal, sería que los empleados ganen menos que el salario mínimo francés. Al día de hoy, no lo hemos podido comprobar.”

El pulso entre Francia y Polonia

Para evitar la competencia desleal y la eurofobia, la Comisión europea y el Parlamento europeo estudian actualmente una revisión de esa directiva laboral.

“Nuestra idea es que, respetando el mercado único, necesitamos normas más fuertes que tienen que ver con la protección de trabajadores”, dijo a RFI el eurodiputado socialista español Javi López. “Hay una serie de cosas que han pasado en los últimos años que nos gustaría evitar como la creación de empresas fantasmas solo para la contratación de trabajadores desplazados”, detalló el eurodiputado.

En segundo lugar, “se pretende prohibir el doble desplazamiento, es decir, que desde un país se contrate a una empresa en otro país para que actúe en un tercer país. Este tipo de fórmulas son desleales y rozan el fraude deben de evitarse”, agregó López. Un tercer punto, que los eurodiputados podrían someter al Consejo europeo que decidirá finalmente como se reformará la directiva, es la reducción del tiempo autorizado para el trabajo desplazado. Este tiempo, que es actualmente de dos años, podría limitarse a seis meses o un año para evitar los abusos.

Pero los países donde el envío de trabajadores desplazados genera ganancias como Polonia y Hungría, defienden con insistencia esa disposición legal.

En su gira por europea oriental, el presidente Macron busca también aliados para armonizar las disparidades fiscales entre países europeos. Sin embargo no visitará Polonia ni Hungría cuyos gobiernos ultra conservadores mantienen fuertes divergencias con Francia y Alemania.