Polémico código de conducta para rescatar migrantes en el Mediterráneo
Varias ONG rechazaron adherir al "código de conducta" para rescatar inmigrantes en el Mediterráneo propuesto por las autoridades italianas. Italia, apoyada por la Unión Europea (UE), quiere regular las operaciones de rescate de miles de inmigrantes que intentan llegar a las costas de Europa a bordo de precarias embarcaciones.
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Tras una reunión con tres de las organizaciones que trabajan en los rescates, dos de ellas, Médicos Sin Fronteras y la alemana Jugend Rettet, rechazaron las condiciones propuestas por el gobierno italiano.
“Por un lado esta el hecho de que a partir de ahora los barcos se tengan que coordinar con diferentes centros de rescate marítimo de diferentes países. Ya hemos visto algunas disfunciones en ese sentido que retrasan las operaciones de rescate”, dijo a RFI el presidente de MSF España, David Noguera.
"Un segundo motivo es que podría obligar a las ONG a recibir policía armada dentro de nuestros buques", agregó Noguera.
El código de conducta fue aprobado tras una serie de modificaciones por la ONG Save the Children, que precisó que la mayoría de las exigencias del acuerdo formaban ya parte de los criterios con los que trabaja esta entidad en el Mediterráneo.
"Decidimos firmar el código tras una evaluación interna a nivel nacional e internacional", precisó en un comunicado.
El ministerio del Interior italiano, que coordina las reuniones, precisó en un comunicado que firmó el acuerdo también Migrant Offshore Aid Station (MOAS).
La española Proactiva Open Arms comunicó con una nota al ministerio su voluntad de firmar el código, mientras otras tres organizaciones no participaron en la reunión, recalca la nota.
En el comunicado, las autoridades italianas advierten a las oenegés que rechazaron adherir al código que "quedan por fuera del sistema organizado para el rescate en el mar", y que les recaerán "todas las consecuencias" de esa decisión, sin precisar cuáles.
El código establece entre algunos puntos la prohibición de entrar en aguas territoriales libias, la obligación de llevar encendido el radar de localización, el compromiso de no comunicarse o enviar señales luminosas para facilitar las partidas de embarcaciones, ni contactar con traficantes.
Igualmente, exige certificar la preparación técnica de los socorristas, poder recibir a miembros de la policía a bordo y cooperar con las autoridades en el lugar de desembarco, además de declarar sus fuentes de financiación.
Por otra parte, Italia ordenó la incautación de una nave empleada por la ONG alemana "Jugend Rettet" por sospechas de favorecer la inmigración clandestina, una medida para frenar la oleada de indocumentados que huyen del hambre y las guerras. El barco fue incautado a pedido de la fiscalía de Trapani (sur).
En un comunicado, la policía italiana precisó que la investigación judicial fue abierta en octubre del 2016 bajo la acusación de "favorecer la inmigración clandestina".
La decisión de la fiscalía de confiscar la nave fue tomada tras casi un año de investigaciones realizadas gracias a "sofisticada técnología", precisa la nota divulgada por la policía.
Con agencias
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