Los rumanos mantienen la presión contra la corrupcion
Como decía el apóstol Tomás, “ver para creer”. Al parecer es lo que piensan los rumanos que seguían movilizados este domingo para defender la lucha contra la corrupción, a pesar de que el gobierno prometió derogar en las próximas horas el decreto que desató una ola de protestas en el país.
Primera modificación:
El polémico decreto, que despenaliza ciertos delitos de corrupción, fue aprobado el pasado martes por el gobierno sin pasar por el parlamento y desde entonces entre 200.000 y 300.000 personas han salido cada día a las calles para protestar.
El ejecutivo tiene previsto reunirse en las próximas horas para derogar el texto, aseguró el primer ministro Sorin Grindeanu.
"No nos lo creemos", decía sin embargo este domingo Florian, un electricista de 40 años, que reparte bretzels gratis en la place Victoriei de Bucarest donde, asegura, se volverán a "batir récords" de manifestantes, como los de los últimos días.
También lo espera Rado, un rumano de 27 años, que junto a otros dos amigos aficionados al ciclismo se instaló frente a la sede del gobierno en una suerte de bicicleta estática para protestar. "Vamos a intentar pedalear todo el tiempo que podamos hasta que lleguen los demás" manifestantes, explica vestido con un mono de ciclista.
"Todavía hay mucha corrupción en el gobierno, en el senado, por todas partes. No podemos más (...) Queremos dirigentes competentes que gobiernen para el pueblo, no para ellos mismos y sus cuentas bancarias", afirma Florian.
Las manifestaciones de los últimos días son históricas en este país de 20 millones de habitantes, que sin embargo ha vivido varios periodos de inestabilidad política desde la caída de la dictadura comunista en 1989.
El primer ministro, en el cargo desde hace un mes, justificó su decisión de derogar el texto para "no dividir Rumanía".
Entre otras cosas, el polémico decreto establece un mínimo de 44.000 euros para poder empezar a perseguir los delitos financieros y reduce las penas de cárcel por corrupción.
El anuncio del sábado por la noche fue acogido con gritos de victoria por los manifestantes reunidos en Bucarest frente a la sede del gobierno, epicentro de las protestas, pero también en muchas ciudades del país, con un total de 300.000 personas en la calle, según la prensa.
"Sólo son palabras, hay que ver en la práctica", dice Aura Oprea, una empresaria. Además de la derogación del decreto, muchos manifestantes piden también la dimisión del gobierno.
El primer ministro aseguró que la reforma tenía el objetivo de que el código penal fuera acorde a la Constitución así como reducir el número de presos. Pero frente a las protestas, Sorin Grindeanu promete ahora un nuevo proyecto de ley sin el límite de 44.000 euros (200.000 leis rumanos).
Los manifestantes temen una vuelta en la lucha contra la corrupción con respecto a los últimos años, cuando bajo presión de la Unión Europea y de varios magistrados, los tribunales han instruido centenares de casos de corrupción, un giro histórico en la justicia rumana.
El gobierno ya había sido criticado por querer proteger al jefe del partido socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, que está siendo juzgado por empleos ficticios.
Sin embargo Dragnea, que ya cumplió dos años de cárcel condicional en otro caso, asegura que el decreto no le beneficiaba y que se trata de una campaña de desinformación.
El PSD, que había sido expulsado en 2015 por grandes manifestaciones contra la corrupción, volvió sin embargo a ganar por mayoría las elecciones el pasado diciembre con promeses de aumentar las prestaciones sociales.
Con la AFP
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