RFI: En la perspectiva de los acuerdos que, si todo avanza bien, se anuncian para antes de fines de este año, ¿qué es lo que están previendo el gobierno del presidente Santos y el ministerio que usted encabeza para avanzar en la conclusión más favorable de dichos acuerdos?

Mauricio Cárdenas: Ya empezamos a ver los beneficios, por ejemplo con la caída de los actos terroristas en infraestructuras; vivimos en la antesala y todo esto va a traer beneficios. Mejorar condiciones económicas. Estimamos que en términos de calidad de vida en los próximos 10 años el acuerdo puede representar un incremento de 3.000 dólares por habitantes. Por ejemplo quienes viven en las zonas más rurales, más remotas, donde ha habido precariedad en materia de presencia del Estado, ahí es donde más se van a dar los beneficios, y en algunos sectores que son muy afectados por la existencia del conflicto, por ejemplo el turismo.

RFI: Más de 6,5 millones de desplazados, miles de hombres en armas que habrá que reintegrar... ¿Qué dinero hay para garantizar que ese proceso llegue a buen puerto, sabiendo por experiencias pasadas que los primeros 18 meses después de la firma de un proceso de paz son claves para lograr que se avance bien?

Mauricio Cárdenas: No será la primera vez que Colombia asume un reto de esta naturaleza. Nosotros ya tenemos un plan muy comprensivo, muy amplio de atención a las víctimas del conflicto. Colombia en eso ha sido un país muy pionero en cómo administrar y cómo atender la situación de quien ha sido víctima del conflicto. Eso ya está en marcha… Sabemos perfectamente que tenemos los recursos y la capacidad institucional para hacer esa transición. Esos aspectos ya los hemos presupuestado, tenemos claro cómo podríamos administrarlos para que el proceso de paz sea exitoso.

RFI: ¿Puede dar una magnitud, una cifra general de cuánto va, cuánto piensan invertir en los meses que seguirán al final del conflicto?

Mauricio Cárdenas: Sería prematuro en este momento poner una cifra porque las negociaciones no han concluido, faltan algunos aspectos importantes y tan pronto tengamos ya el texto definitivo de un acuerdo podremos decir cuál es su presupuesto, qué va a significar. Lo que sí podríamos decir es que esto no se va a hacer de un día para otro, la implementación de estos acuerdos va a tomar un tiempo y seguramente tendremos que espaciarla a lo largo de los años.

RFI: La mayoría de la guerrilla proviene de zonas rurales. Según la Comisión de Paz del Senado se debe invertir en 368 municipios que incluyen a 15 millones de habitantes – 10 millones de ellos en zonas rurales. Propuestas concretas de parte de la administración del presidente Santos.

Mauricio Cárdenas: Las zonas rurales en Colombia y especialmente donde el conflicto ha sido más intenso y donde ha habido más presencia de grupos como las FARC, son zonas que tienen un menor nivel de desarrollo socioeconómico. Hay una mayor brecha con respecto al resto del país en la provisión de servicios básicos como la educación, la salud, el acceso al agua potable, las vías. Entonces por eso desde siempre se ha pensado que de la mano de un acuerdo de paz debe haber un plan de inversiones, ambicioso, que busque cerrar esas brechas entre las zonas rurales más remotas, más apartadas. Uno de los puntos del Acuerdo de La Habana es el desarrollo rural integral.

RFI: Por experiencia de otros procesos se sabe que un factor clave será la sustentabilidad de la producción agrícola, de la reinserción de quienes vienen del movimiento armado. Hay críticas al presidente Santos, como antes hubo al presidente Uribe, por el extractivismo, la explotación minera, la explotación de la palma africana. ¿Qué está haciendo su gobierno para avanzar en un proceso de desarrollo sustentable?

Mauricio Cárdenas: Lo primero que hay que decir en esta materia es que las negociaciones de paz son unas negociaciones políticas, no es una negociación sobre el modelo económico, sobre las políticas económicas. No es una negociación sobre temas, como por ejemplo, en qué sectores puede haber inversión extranjera directa o cuál debe ser su nivel de tributación. No, éstas son negociaciones que buscan ante todo resolver un problema político y que el país pueda incorporar a su vida civil a personas que han estado en grupos al margen de la ley.

Escuche la integralidad de la entrevista.