La minería ilegal en Ecuador, un ataque al tejido social
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El noroeste de Ecuador posee importantes yacimientos de oro, plata y cobre, lo que lo convierte en una zona atractiva para los grupos criminales que se dedican a la explotación minera ilegal, y cuyas actividades afectan directamente a las comunidades locales.
En el último año y medio, el poblado de La Merced de Buenos Aires, en el norte de Ecuador, ha visto aumentar notablemente la criminalidad. ¿La razón? La explotación minera ilegal.
Ante la crítica situación que viven las comunidades de la zona, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción y envió 2.400 policías y militares, superando el número de habitantes de la localidad.
Según el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, se trata de “una intervención para combatir los delitos que se tienen en la zona, para proteger a la población y garantizar que las actividades lícitas, comerciales y de todo tipo, especialmente minería, se realicen de forma legal”.
Los grupos presentes en el área, enfrentados por el control de las explotaciones de oro, son los responsables de 27 episodios violentos en lo que va del año, incluyendo varias muertes.
“Los grupos irregulares que están detrás de los procesos de minería ilegal se encuentran vinculados a grandes redes de crimen organizado, que tienen numerosos escenarios en donde operan, que se vinculan con temas de prostitución, con venta de drogas, con empleo de mano de obra infantil, y que son grupos irregulares armados”, explica Benito Bonilla, vocero de la Fundación Pachamama.
“Es una zona muy agrícola donde la gente se dedica a temas de agricultura familiar campesina, a actividades comerciales de nivel local. Cuando una actividad como la minería ilegal irrumpe en este tejido social, rompe todos los esquemas tradicionales de organización social. Y eso significa un incremento en la violencia intrafamiliar, un incremento en la deserción de los niveles educativos de niños y adolescentes para involucrarse en una actividad que genera réditos económicos en el muy corto plazo”, prosigue Bonilla.
Estas actividades suponen un gran riesgo para la población, que ve cómo estos grupos se hacen con el control de su población... y de sus territorios.
Elisa Levy, del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador, comenta que “hay amenazas a los dirigentes, en ciertos espacios ellos llegan y se toman el territorio, toman las decisiones, declaran toques de queda, y muchas veces, las personas se van, dejan sus fincas, sus casas, dejan todas sus cosas y se van a otros sitios, hasta que la situación se tranquilice”.
Desde 2018, las autoridades ecuatorianas han desarticulado cerca de 100 grupos delictivos y han detenido a unas 800 personas.
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