Justicia brasileña reduce de varios años la pena al expresidente Lula
Este martes, un tribunal de apelaciones de Brasil redujo la condena por corrupción del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de doce años y un mes de cárcel a ocho años y diez meses, posibilitando que el líder de la izquierda se beneficie en pocos meses de un régimen semiabierto de prisión.Con Francho Barón, desde Río de Janeiro.
Primera modificación:
El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ha votado por unanimidad reducir la pena de Luiz Inácio Lula da Silva, de los poco más de 12 años de cárcel que tenía a casi nueve años. El expresidente está condenado por corrupción y blanqueo de capitales.
El fallo fue adoptado de forma unánime por los cuatro magistrados de la quinta corte del Superior Tribunal de Justicia (STJ), un colegiado de tercera instancia. El relator del caso, el juez Felix Fischer, planteó la reducción de la pena, aduciendo que hubo un "exceso" en su evaluación.
Esta sentencia representa una nueva confirmación de la pena de cárcel a Lula aunque esta vez con reducción de la pena y también con reducción de la multa que deberá pagar para resarcir a las arcas públicas brasileñas. Según el Tribunal Superior de Justicia, el exmandatario deberá pagar más de medio millón de euros de multa.
De acuerdo con la ley brasileña, una vez cumplido un sexto de su pena, Lula podrá optar por el régimen semiabierto, con derecho a trabajo diurno, algo que podría suceder el próximo mes de septiembre.
Esto dependerá de los recursos presentados por los abogados a otra condena a más de 12 años de cárcel por otro caso de corrupción. Si el tribunal de apelación mantiene esa otra condena, sería prácticamente inviable que el expresidente pueda pasar al régimen semiabierto.
La defensa de Lula pretendía conseguir hoy la absolución, o incluso la nulidad del proceso en curso, para que sea la justicia electoral brasileña la que decida de nuevo desde cero. No ha sido así y de momento Lula deberá permanecer en prisión.
Lula, de 73 años, fue acusado de ser el beneficiario de un apartamento tríplex en Guarujá (litoral del estado Sao Paulo) puesto a su disposición por constructoras para obtener contratos en Petrobras.
Fue condenado en primera instancia en julio de 2017 por el juez anticorrupción Sergio Moro a nueve años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Esa pena fue agravada en enero de 2018 por un tribunal de segunda instancia (TRF4) a 12 años y un mes.
La defensa anunció que apelará la sentencia, para exigir una absolución lisa y llana del exgobernante, que ve en los juicios una persecución política para impedir que la izquierda vuelva al poder.
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