Trump y los falsos argumentos para construir el Muro

El presidente de Estados Unidos quiere restringir la inmigración y saltarse las obligaciones con el Derecho Internacional sobre el asilo. Entre tanto, la situación de violencia y pobreza en América Central empuja a decenas de miles de personas a tratar de ingresar en Estados Unidos. En el medio de este drama, la frontera mexicana.

Donald Trump quiere poner en marcha políticas más duras con su asesor en inmigración, Stephen Miller. REUTERS/Cathal McNaughton

Hace pocos días el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos “está lleno” y no tiene más espacio para acoger a inmigrantes o refugiados. De inmediato surgieron análisis mostrando que el país todavía puede recibir millones de personas y que hay sectores de la pequeña y mediana empresa que no logran encontrar trabajadores para sus ofertas laborales. Se presentaron datos y evidencias de que, dado el envejecimiento de la población y la tendencia a la baja de la tasa demográfica de la población blanca, el país enfrenta una crisis de mano de obra.

Así mismo, hay cientos de miles de casas abandonadas o de segunda vivienda, al igual que zonas ampliamente despobladas. Un analista llegó a preguntarse si ante la tajante afirmación del presidente entonces los estadounidenses deberían cesar de reproducirse.

El anuncio fue realizado en el medio del agitado debate que el presidente está librando sobre la migración con el Partido Demócrata, el poder judicial, alcaldes de decenas de ciudades, gobernadores y con parte de la sociedad. Hasta hace pocas semanas su retórica iba orientada a lograr apoyo financiero y político para construir más partes del “Muro” entre Estados Unidos y México, una de sus principales promesas electorales. Pero la Cámara de Representantes, dominada por los Demócratas a partir de las últimas elecciones legislativas, no aprobó los fondos.

Trump decidió proseguir la tarea disponiendo de fondos especiales. Esto, a la vez, ha sido cuestionado y llevado por el Partido Demócrata a la Justicia. Ante estas circunstancias, el presidente está dando un giro nuevo, presionando a funcionarios del Estado para que no respeten las reglas sobre solicitud de asilo político.

Una de sus acusaciones es que los aspirantes a refugiados son, en realidad, criminales. Pero no hay ninguna evidencia que sustente esa afirmación. Además, las estadísticas indican que la tasa de criminalidad entre los inmigrantes, en general, y entre los de origen latinoamericano es de las más bajas. Un estudio de cuatro universidades llevado a cabo en 200 ciudades de Estados Unidos revelan que en los últimos 40 años ha aumentado la población inmigrante pero ha disminuido la criminalidad. “Nuestro estudio, dicen los autores, muestra que en ese período la inmigración está consistentemente vinculada al descenso tanto en violencia criminal (por ejemplo, homicidios) como contra la propiedad (robos)”.

Reclutando manos más duras

El despido de Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Ciudadana, a mitad de abril, se debió a que ella intentó explicarle al presidente que Estados Unidos que no puede sencillamente cerrar la frontera ni las puertas a los solicitantes de asilo.

Nielsen ha sido la mano dura de Trump. Fue la funcionaria que implementó la política de separación de miles de niños de padres inmigrantes, pero esto no resultó suficiente para el presidente. Según información del New York Times, una serie de funcionarios relacionados con la migración dejarán sus puestos en estos días por ser considerados “blandos”, aunque fueron ellos los que limitaron la inmigración de ciudadanos de una serie de países de cultura musulmana, que hicieron más dificultosos los procesos para solicitar asilo, redujeron el número de refugiados, y obstaculizaron las reunificaciones familiares de trabajadores inmigrantes en el país.

La persona de confianza del presidente en la tarea de rehacer las políticas migratorias y sobre asilo político, para volverlas más restrictivas, es Stephen Miller, un asesor de la Casa Blanca de 33 años, activista de ultraderecha con una breve pero intensa carrera de provocaciones contra los musulmanes, los inmigrantes, y en favor de la posesión de armas sin control del Estado.

Miller ha presionado en los últimos días a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía para que las entrevistas que realizan a los solicitantes de asilo sean mucho más duras y exigentes, de forma que desciendan notablemente el número de aspirantes a ser aceptados como posibles refugiados. De acuerdo con la ley, el interrogatorio debe indicar si las vidas de las personas corren verdaderos peligros en sus países de origen. Los que pasan los interrogatorios pueden permanecer en Estados Unidos mientras esperan la concesión o denegación del estatus de refugiados, un proceso que puede durar hasta dos años. Trump y Miller consideran que esta es una ventana para que se queden en el país indefinidamente. El 17 de abril, el fiscal general William Barr ordenó que mientras esperan la decisión del gobierno los solicitantes deben permanecer detenidos.

Si bien hay solicitantes de asilo que entran ilegalmente, la mayoría de los ciudadanos que buscan obtener el asilo se presentan en los puntos de frontera y manifiestan su intención. Son entonces entrevistados para ver si es creíble que corren peligro en el país del que provienen. Tres cuartas parte de los entrevistados son aceptados para iniciar la solicitud de asilo. Se calcula que hay más de 800.000 solicitantes esperando respuesta en un proceso que suele durar un máximo de dos años.

Separaciones familiares y “santuarios”

Los inmigrantes y solicitantes de asilo que entran ilegalmente deben esperar en centros de detención. Pero como de acuerdo con la ley, los niños no pueden estar detenidos por más de 20 días, desde el año pasado han sido separados de sus padres o tutores y enviados a vivir en casas de adopción o centros de reclusión para menores. El gobierno de Trump ha llevado a cabo este proceso de forma desorganizada y de forma secreta desde antes de abril de 2018, cuando ordenó hacerlo públicamente. Un juez ordenó en junio del mismo año que fuesen reunificados con sus familias.

Según un informe del Departamento de Salud de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos, el número de niños separados de sus familias (padres o familiares) es incierto. Algunas fuentes sitúan la cifra en cifras tan dispares como 2.000 y 12.000. El gobierno y sus agencias parecen carecer de datos suficientes y centralizados (dónde están, quiénes son) para poder reunificarlos. Algunas fuentes oficiales calculan que en algunos casos se podría tardar hasta dos años para vincularlos con sus familias.

Ante la prohibición de separar a las familias de los niños, el gobierno está dando un paso más en la confrontación con jueces y autoridades locales: liberar a individuos y familias enteras hasta que se tome una decisión sobre la concesión del asilo. Abandonados a su suerte en diversas ciudades, sin conocer el idioma y sin medios, la intención del gobierno es generar miedo y peligro, tanto en los inmigrantes y solicitantes de asilo como en la sociedad estadounidense.

El 12 de abril Trump anunció, además, que está considerando que esas familias sean puestas en libertad en las denominadas “ciudades santuarios”, o sea, aquellas cuyos ayuntamientos se han declarado solidarios con la llegada de inmigrantes. Entre las decenas de ciudades en ocho estados que se han declarado en esta categoría se encuentran Atlanta (Georgia), Boulder (Colorado), Chicago (Illinois), Nueva York, Nueva Jersey, y 12 ciudades de California. “A la izquierda radical le gustan las fronteras y los brazos abiertos”, escribió en un tuit, “así que le mandaremos a esta gente”.

Las ciudades “santuario” no significa que los inmigrantes habitan en ellas sin reglas. Por el contrario, son un espacio en el que los inmigrantes tienen la seguridad que no serán encarcelados ni deportados, pero se le anima a colaborar con las autoridades para legalizar su situación. Se calcula que 3.5 millones de inmigrantes indocumentados viven en este tipo de ciudades.

Trump quiere poner en marcha políticas más duras con su asesor en inmigración, Stephen Miller. Según el New York Times estas limitarían o suprimirían el procedimiento para solicitudes de asilo; y cerrarían parte de la frontera con México. Así mismo, acabar con la posibilidad de que inmigrantes puedan solicitar la nacionalidad por haber nacido en Estados Unidos; continuar la construcción del “Muro”; reforzar la presencia de tropas en la frontera; restaurar las medidas para separar a los niños inmigrantes de sus familias más allá del actual límite de 20 días; y endurecer las exigencias para la entrada de trabajadores no cualificados. Estas medidas, previsiblemente, generarán resistencia en el sistema judicial.

El caso centroamericano

En la última década autoridades europeas y estadounidenses han tratado de diferenciar entre solicitantes de asilo e inmigrantes. Si un Estado es parte de la Convención de Ginebra de 1951 tiene la obligación de acceder a la petición de asilo. 142 países forman parte de la Convención del Estatuto sobre los Refugiados, pero todos los países sin excepción están obligados a respetar el derecho internacional y no devolver personas a un país donde son perseguidas. Estados Unidos firmó y ratificó la Convención. Pero ningún Estado, sin embargo, está obligado a aceptar inmigrantes.

En el caso de América Central hacia Estados Unidos, y de ciudadanos provenientes de Oriente Medio, Asia y África que tratan de llegar a Europa, es cada vez más difícil establecer la diferencia entre inmigrantes y refugiados. La línea divisoria entre inmigración y asilo es tenue, como lo indican los testimonios de familias salvadoreñas que dejan su país porque las bandas las obligan a pagarles un “impuesto”, para que sus hijas e hijos no sean cooptados por la fuerza por las bandas criminales, o el caso de civiles atrapados en medio de los campos de batalla en Siria, Yemen o en varios países africanos.

Una serie de investigadores plantean que Estados Unidos tiene no sólo la obligación frente al Derecho Internacional sino también una responsabilidad histórica hacia los inmigrantes y solicitantes de asilo debido al papel que tuvo Washington en la década de 1980 al usar a Honduras como base en la guerra contra el sandinismo, y los planes de contrainsurgencia que favorecieron gobiernos represivos en Guatemala y El Salvador.

Así mismo, muchos jóvenes centroamericanos hijos de exiliados y emigrantes en las décadas de los 1980 formaron parte de pandillas en Estados Unidos, especialmente en California. Muchos de ellos fueron encarcelados y luego expulsados a América Central. Ahí reconstruyeron las bandas criminales, como la Mara Salvatrucha, que fue creada en Los Angeles, y otras.

Centroamérica, además, se encuentra seria y crecientemente afectada por el cambio climático. El New York Times informó en días pasados que la modificación del clima hace cada vez más difícil el cultivo de café. Esto empuja a familias enteras, y especialmente a los jóvenes, a emigrar como salida. Por otro lado, el café de calidad que se produce, por ejemplo, en Honduras, es infravalorado en el mercado internacional frente al café más barato de menos calidad pero producido en Brasil o Vietnam, que es adquirido masivamente por las compañías que fabrican café instantáneo.

Un estudio encargado a un consorcio de institutos por el gobierno de Estados Unidos en 2018 indica que entre los factores que llevan a los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a tratar de emigrar hacia Estados Unidos se encuentran la inseguridad que produce el crimen organizado y las diferencias salariales (hasta 14 veces más altas) en este país que en los suyos.

Precisamente ese abismo salarial ha sido aprovechado por corporaciones estadounidenses para desplazar ahí su producción. De este modo, la desindustrialización en Estados Unidos (que alimenta la base electoral anti-migración de Trump) está vinculada a la perpetuación de la brecha salarial entre Estados Unidos y países del Sur.

Otro resultado significativo del estudio citado es que los ciudadanos centroamericanos rechazados en Estados Unidos no tienen interés en quedarse en México, donde consideran que hay pocas oportunidades laborales e inseguridad.

El papel de la ayuda

En el debate sobre cómo gestionar estratégicamente la migración, expertos y funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea consideran que se debe fortalecer la cooperación al desarrollo hacia los países de los que mayoritariamente provienen emigrantes. Paradójicamente, el presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda al desarrollo de Estados Unidos hacia Guatemala, El Salvador y Honduras. Su argumento es que Washington les ayuda y ellos no hacen nada por Estados Unidos, especialmente para disuadir a sus ciudadanos de tratar de emigrar hacia Estados Unidos. Más aún, desde las elecciones que le llevaron al poder, ha insistido en que estos países envían a sus criminales, traficantes y violadores hacia Estados Unidos.

Las investigadoras Eliza Willis y Janet Seiz, de Grinnell College, consideran, sin embargo, que los programas que Estados Unidos ha implementado en esos tres países han ayudado a disminuir la cantidad de emigrantes. De todos modos, las remesas combinadas de los emigrantes de los tres países suman 16.000 millones de dólares, lo que supone 36 veces la ayuda anual que les da Estados Unidos. Willis y Seiz consideran que cortar la ayuda y cerrar la frontera sólo agravará la situación. Además, los gobiernos de estos países no deben ni pueden bloquear a sus propios ciudadanos para que no se marchen.

Las caravanas que se han formado en los últimos meses son mayoritariamente de familias, con niños y personas mayores, que huyen de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras. Como ha escrito el prestigioso investigador italiano Roberto Saviano, son las primeras caravanas de personas que huyen del crimen organizado, y se convierte en una denuncia de este.

Según el Banco Mundial los tres países del denominado “triángulo del Norte” (El Salvador, Guatemala, Honduras) tienen un ingreso anual de 3.889, 4.4471 y 2.480 dólares respectivamente, frente al ingreso medio de América Latina y el Caribe de 9.275 dólares. El nivel de violencia es de los más altos del mundo, alcanzando 83,27 y 57% por cada 100.000 habitantes, para cada uno de ellos. Los tres países sufren, así mismo, altas tasas de violencia sexual y feminicidios.

La frontera, la droga, las armas

Trump argumenta que a través de la extensa frontera de México entran criminales y drogas provenientes de México y de otros países de América Central y el Caribe. En efecto, ahí operan traficantes de personas, drogas y armas, pero las cifras indican que en los últimos 10 años ha disminuido el paso ilegal de personas y ha aumentado el número formal de solicitantes de asilo.

México mantiene una política de alto control sobre los inmigrantes centroamericanos y deporta a miles de ellos al año. Paradójicamente, las amenazas de Trump de construir el “Muro” aceleraron las ofertas de los traficantes atrayendo a más gente ante la amenaza de que ya no se pueda entrar en Estados Unidos.

Respecto de la droga, los carteles mexicanos (Sinaloa, Jalisco, Juárez, del Golfo, los Zetas, entre otros) son los principales vendedores de cocaína, heroína y metanfetamina al mercado de Estados Unidos. También producen y venden fentanyl, un opioide sintético de gran potencia y marihuana, que está legalizada en algunos estados de Estados Unidos, según un informe del Council on Foreign Relations (Nueva York). Una parte de la droga se produce fuera de México, por ejemplo, en Colombia, y carteles como Sinaloa y los Zetas están implantándose en este último país.

Los inmensos beneficios de la venta de drogas permiten a los carteles corromper a funcionarios del Estado (policías, jueces), cooptar intermediarios y reclutar a gente joven sin oportunidades laborales. A la vez, la guerra entre los carteles por control de producción y circuitos de producción ha impactado gravemente en la última década sobre la población.

La demanda de armas por parte de los narcos mexicanos, y de ciudadanos que quieren protegerse, está profundamente vinculada a la venta prácticamente libre de armamento en Estados Unidos. Esto es una inmensa oportunidad para los traficantes que compran el armamento en Texas o Arizona, lo contrabandean en la frontera y lo venden en México.

El periodista Ioan Grillo, autor de El narco, explica que “armas de Estados Unidos inundan México, armando a los brutales carteles que han ahogado a este país en sangre, destruido familiar y echado a las personas de sus hogares”. Durante los últimos seis años el Departamento de Justicia mexicano ha identificado 74.500 armas de fuego de origen estadounidense en posesión ilegal en este país. Una cantidad mínima de la inmensa cifra total no contabilizada.

El 90% de la droga entra por los cerca de 300 puntos legales de ingreso por la frontera, camuflados en transportes de mercancías mientras que las armas fluyen hacia el Sur sin controles. Construir el “Muro” no solucionaría el problema. Cerrar la frontera llevaría a los traficantes a poner más énfasis en otros métodos que ya usan (por ejemplo, a través de túneles, por vía marítima o mediante drones) para satisfacer la gran demanda del mercado estadounidense. Entre tanto, produciría rupturas y disfunciones profundas en las relaciones México-Estados Unidos.

Destinos atados

Por ejemplo, el comercio bilateral entre los dos países es de aproximadamente 600.000 millones de dólares al año. Cada día se comercian alrededor de 1.700 millones de dólares en bienes y servicios a través de la frontera. Estas son las cifras oficiales, seguramente menores a las reales, de un complejo, dinámico y amplio entramado de relaciones en las que se incluyen desde la fabricación de automóviles con piezas y montajes a los dos lados de la frontera hasta la exportación masiva de aguacates, pasando por cientos de miles de personas que viven de un lado y trabajan del otro. Como ocurre con diversos bienes fabricados entre Estados Unidos, México y Canadá en el marco del tratado de libre comercio de América del Norte (por ejemplo, automóviles), la imposición de tarifas altas o sanciones en realidad perjudican a las tres o dos partes productoras.

La relación entre Estados Unidos y México ha estado marcada desde el siglo XIX por constantes tensiones y una creciente vinculación. Esta fue definida por la apropiación de territorio mediante la guerra y dudosos medios legales por parte del primero hacia el segundo, el creciente flujo de emigrantes del sur hacia el norte, el intenso flujo comercial y la implantación de fábricas estadounidenses de montaje (las maquiladoras) en México desde la década de 1980. La geografía de la frontera está poblada por emigrantes, solicitantes de asilo, empresarios, traficantes (coyotes), guardias, narcos, milicias antiinmigrantes, vendedores de armas, trabajadores informales, turistas, barreras y pasos legales e ilegales.

Según cifras oficiales, un millón de personas cruzan legalmente la frontera en una u otra dirección al día, más de un millón de ciudadanos estadounidenses viven en México y alrededor de 18.000 compañías de Estados Unidos operan en ese país aprovechando la mano de obra barata. Así mismo, más del 40% de las inversiones extranjeras en México son de origen estadounidense.

Cuando Trump anunció que cerraría la frontera, empresarios y sindicatos estadounidenses criticaron la posible medida. El presidente respondió que le importa “más la seguridad que el comercio”, pero las presiones empresariales prevalieron. Trump concedió “un año más” a México indicando que en este período deberá controlar el flujo de drogas y emigrantes, o impondrá tarifas más altas sobre los productos mexicanos.

Una característica del presidente Trump es que gobierna sólo para sus votantes. Sus políticas hacia la migración y refugiados están produciendo choques institucionales y sociales internos en Estados Unidos, y graves distorsiones profundas en las relaciones con Centroamérica y México. Además del sufrimiento para cientos de miles de personas, sus políticas conducirán a un mayor aislamiento de Estados Unidos.

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Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales y autor, entre otros libros, de “Salto al vacío. Crisis y decadencia de Estados Unidos” (Icaria editorial, Barcelona, 2017).