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Ante la ola de homicidos, Costa Rica quiere limitar el porte de armas

Por Melissa Barra

En la última década, Costa Rica vivió un sensible incremento de los homicidios, llegando en 2018 al doble del promedio mundial con 11,7 asesinatos por 100.000 habitantes. Unas cifras que han convencido al gobierno costarricense para reformar la legislación sobre la posesión de armas.

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En Costa Rica se busca reformar la ley que rige el porte y la circulación de armas de fuego. Según una ley que remonta a 1994, los costarricenses pueden inscribir hasta tres armas a su nombre y el gobierno quiere reducirlas a una sola. También se prevé un mayor control de las armas que circulan en el país, para castigar con penas de cárcel el porte sin permiso. Un delito que por el momento se sanciona con trabajo comunitario.

Según las cifras del ministerio de Seguridad, más de 5.000 armas provenientes de 280 empresas de seguridad privada han acabado muy probablemente en el mercado negro. "Los estudios muestran una relación directa entre los homicidios y la mayor presencia de armas en la calle, muchas de las armas del crimen organizado provienen del mercado lícito de armas", explica a RFI Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana.

La reforma de ley obligaría a las empresas de seguridad a entregar sus armas al Estado si no logran venderlas legalmente. Este armamento, en el que se incluyen armas semiautomáticas, sería entonces simplemente destruido.

Pero lo que realmente ha causado debate es que se limite a una sola arma por civil, en un país que responde cada vez más a la inseguridad con defensa privada. "Crece la disposición del ciudadano costarricense a tener otros instrumentos distintos a los del poder ejecutivo, por ejemplo las policías municipales o comunitarios. Por eso abogamos para que el gobierno garantice la paz ante la ola de homicidios", dice a RFI Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional.

A la vez que aumenta la seguridad privada, parecen también cobrar importancia las organizaciones de defensa de los portadores de armas, en un país donde no existe la regulación de los lobbies.

El proyecto de ley se discute todavía en la Asamblea legislativa. La ONU se pronunció la semana pasada en contra de la posesión de armas en Costa Rica, destacando que “desempeñan un papel significativo en los homicidios”.

Entrevistados: Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana y Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional.

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