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Nicaragua: el régimen expulsa a testigos incómodos de violaciones de DDHH

Por Yaiza Martín

Una vez más, el Gobierno de Daniel Ortega ordenó la salida de expertos en derechos humanos, a pocas horas de la publicación de un informe sobre la violencia en las protestas de abril y mayo. Esta actitud pone nuevamente de manifiesto el carácter autoritario del Estado nicaragüense, según denuncian organismos de defensa de DDHH.

La expulsión de dos misiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos por parte del Gobierno nicaragüense pone de manifiesto, una vez más; la firme postura del presidente Daniel Ortega respecto a las investigaciones de los crímenes durante las protestas que comenzaron en abril. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, justificó la decisión por la supuesta falta de imparcialidad y objetividad de estos expertos en sus labores de monitoreo.

“Esta suspensión temporal de la CIDH: del Mesenei (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) y del Grupo Interdisciplinario de Experto para Investigación (GIEI), será hasta que se restablezca en las condiciones de respeto a la soberanía y cese la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua”, afirmó Moncada.

Según la cancillería, el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación habría entrevistado directamente a las víctimas, actuado así al margen de lo establecido, acusaciones rechazadas por su coordinador, Amérigo Incalcaterra. Para Álvaro Leiva, promotor y defensor de los derechos humanos, el Gobierno de Ortega está mostrando una actitud intransigente.

“Se manifiesta esa falta de voluntad política que tiene el gobierno del Estado nicaragüense vinculado a mejorar la radiografía de los derechos humanos. Nos encontramos ya frente a un Estado que con su comportamiento no es más que el resultado ya de una dictadura cruel y sangrienta, muy distante de los derechos fundamentales de los derechos humanos de los nicaragüenses”, subrayó Leiva.

Se trata de unos derechos vulnerados de manera repetida y defendidos por las dos misiones, el MESENI y el GIEI, instaladas en Nicaragua desde hace unos 6 meses. Su reciente expulsión del suelo nicaragüense no es la primera que sufre una organización de defensa de derechos humanos.

“Ya se dio el primer acontecimiento con la misión de derechos humanos de Naciones Unidas expulsada en agosto de este año. Con la violación a los derechos humanos del organismo que han estado históricamente comprometidos, en la cancelación de personería jurídica, el asilo de mi persona como defensor de derechos humanos y un sinnúmero de acontecimientos vinculados al contexto de la crisis que hoy se vive en Nicaragua de derechos humanos”, apuntó Leiva.

El objetivo del Gobierno con esta orden de salida inmediata era evitar la publicación del informe del GIEI sobre los hechos de violencia ocurridos entre 18 de abril y 30 de mayo en el país. Es lo que explica el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.

“No fue una coincidencia que lo hicieran un día antes de la presentación de nuestro informe que presentará públicamente nuestras conclusiones sobre las responsabilidades los asesinatos que ocurrieron durante las protestas al inicio del año. De alguna manera, el trabajo del mecanismo especial de seguimiento Nicaragua, con el periódico monitoreo de la situación y denuncias permanentes sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ahí están pasando, se transformó en un testigo del país”, estima Abrao.

Pese a las dificultades encontradas, la misión de la CIDH continuará, tal y como explicó en declaraciones a la prensa Ana María Tello. “El grupo de investigación internacional, el mecanismo especial de seguimiento, continuará sus tareas desde Washington. Su trabajo no estará afectado porque esta red de fuentes se mantiene. Logramos construir una metodología de informaciones bastante rigurosa y que estará funcionando. Lo único que efectivamente no estará en práctica sería la del apoyo técnico que prestábamos a la mesa del diálogo nacional. Pero efectivamente el obstáculo a esta tarea está en el simple hecho de que la mesa de diálogo está suspendida y que no funciona más en el país”, explica.

Finalmente el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación ha anunciado la presentación de dicho informe este viernes. La Comisión Internacional de Derechos Humanos había alertado, 8 meses después del inicio de la crisis, que la reacción estatal causó la muerte de 325 personas, más de 2000 heridos y más de 550 detenidos.

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