Los tiempos difíciles de Donald Trump
Las afirmaciones críticas hacia el presidente estadounidense en el último libro del periodista Bob Woodward y la publicación de un artículo anónimo en The New York Times indicando que un grupo de funcionarios tratan de controlar a un Donald Trump incontrolable, han sumergido a Washington al borde de una crisis constitucional. La política de Estados Unidos muestra signos de un declive sin precedentes, y se avecinan tiempos difíciles.
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La semana pasada fue la más complicada que el presidente Trump ha enfrentado desde su llegada al poder. El Washington Post adelantó extractos del libro Fear. Trump in the White House (que se publica este 11 de septiembre), en el que se presenta un panorama caótico en la Casa Blanca. Un presidente autoritario, imprevisible, peligroso y carente de capacidad política, insulta a sus colaboradores, no entiende la complejidad del mundo, y da órdenes que su gabinete evita cumplir.
The New York Times publicó, por su parte, un controvertido artículo de opinión anónimo. El autor (o autora) se presenta como parte de una “resistencia” que dentro de la Administración aprueba gran parte de las políticas de Trump, pero que considera necesario controlarlo para que con su impulsividad no tome decisiones desafortunadas en otros campos.
Estas revelaciones se unieron a diez días de homenajes, discursos y comparaciones entre el fallecido senador John McCain y el presidente Trump. McCain encarnaba, según centenares de comentaristas, los expresidentes George W. Bush y Barak Obama, y la hija del senador, a la decencia política y los valores que hoy están perdidos en un Partido Republicano que continúa apoyando al presidente a cambio de que promueva su agenda conservadora.
Al mismo tiempo, el homenaje a la fallecida cantante Aretha Franklin, al que asistieron Hillary y Bill Clinton, fue un momento político-cultural contra el racismo manifiesto de Trump.
Por último, el ex presidente Barak Obama rompió su silencio y atacó duramente al Presidente por el racismo, la cercanía al gobierno ruso, y alentar las divisiones en el país.
¿Una crisis constitucional?
Las revelaciones muestran que Washington está al borde, según diversos observadores, de “una crisis constitucional”. No hay una clara definición sobre qué significa esto, pero incluiría choques entre el poder ejecutivo y otras instituciones del Estado; falta de legitimidad del poder presidencial; violación de las reglas del funcionamiento democrático; corrupción, y complicidades en el Congreso.
Los ejemplos son numerosos. Para empezar, la afición del presidente por Órdenes Ejecutivas (como la de prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de una serie de países) que chocan con el sistema judicial.
Para seguir, es muy inusual que el presidente critique sin cesar al fiscal del Estado Jeff Sessions (que él mismo designó) mientras le alienta a que cierre la investigación del fiscal especial Robert Müller sobre las conexiones de Trump, su equipo de campaña y su familia con el gobierno ruso durante la campaña electoral. Müller investiga también si el presidente obstruyó la acción de la justicia.
Según una serie de juristas el Presidente, además, ha generado una crisis institucional al creer más en la palabra del presidente ruso Vladimir Putin que en los informes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. También plantea serios problemas de transparencia democrática que la Casa Blanca y el Partido Republicano acaben de declarar secretos a decenas de archivos sobre la actuación que tuvo el candidato conservador a la Corte Suprema, el juez Brett Kavanaugh, durante la presidencia de George W. Bush en favor del uso de la tortura.
Por último, no es una cuestión menor el conflicto de intereses entre los negocios y la política que practican Trump y su familia.
Mientras esta crisis constitucional se forja, colaboradores directos de Trump son procesados y condenados por corrupción y mentir a la justicia. Treinta y nueve altos cargos de una Administración que iba a tener “a los mejores entre los mejores” han sido echados o renunciaron a sus puestos en medio de situaciones comprometidas.
Al mismo tiempo, tanto en la secretaría de Estado (equivalente al ministerio de exteriores) como en otras (como, por ejemplo, las de Educación y Medio Ambiente) se produce un desmantelamiento del funcionariado público que no se muestre leal al programa retrógrado del equipo de Trump.
Paralelos con Richard Nixon
La crisis constitucional puede conducir a serias confrontaciones. Trump podría atrincherarse en la Casa Blanca, con el apoyo implícito de los Republicanos, y acelerar las políticas que complacen a su base social, particularmente elevar las tarifas arancelarias a China, eliminar las medidas de protección ambiental para favorecer a las industrias contaminantes, y lograr que su candidato a la Corte Suprema pase el filtro en el Senado. (Kavanaugh se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de que un presidente de Estados Unidos pueda ser procesado).
También podría echar al fiscal especial Müller. Para los demócratas y algunos republicanos en el Congreso esta es la línea roja que no debería cruzar. El 20 de octubre de 1973 el presidente Richard Nixon destituyó al fiscal especial independiente Archibald Cox que estaba investigando el caso Watergate. Esto condujo a las renuncias del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, y llevó al Congreso a poner en marcha un juicio para destituir al presidente. Nixon terminó renunciando en 1974. Los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, que investigaron el caso Watergate, consideran que Trump está tentado de actuar como Nixon.
Los miembros del Partido Republicano no quieren dar ningún paso que les reste apoyo electoral en las elecciones legislativas del próximo noviembre. Las últimas encuestas no dan resultados concluyentes pero las actuaciones de Trump le pueden hacer perder votos de los republicanos moderados.
Si el Partido Republicano pierde la actual mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, entonces los demócratas podrían comenzar el complejo proceso de procesarlo políticamente (impeachment). Un juicio de destitución del presidente precisa que la Cámara de Representantes lo inicie, y que el Senado lo lleve a cabo. Para que haya una condena se precisa que exista acuerdo entre las dos terceras partes de los senadores.
¿Un presidente peligroso?
El cerco que se levanta en torno a Trump es muy peligroso, según algunos analistas políticos, porque le llevaría a desconfiar de todos y adoptar medidas de choque.
Esa peligrosidad es subrayada por un grupo de psiquiatras, quienes consideran que por sus características agresivas, paranoicas y carentes de empatía podrían hacer que Trump adopte medidas drásticas en política interior y exterior.
En Estados Unidos hay una regla explícita según la cual los profesionales de la salud mental no deben opinar sobre políticos sin su autorización y examen de forma directa. Sin embargo, una serie de prestigiosos profesionales decidieron hace 18 meses romper esa regla en el libro The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President.
La razón, como acaba de explicar Bandy X. Lee, profesora de salud mental de la Universidad de Yale, es que han concluido que Trump es un narcisista compulsivo e imprudente, y sin capacidad de concentración. Al poner en la balanza el cumplimiento de la regla de no opinar sobre el presidente o proteger el bienestar común de la nación, decidieron en favor de la segunda opción.
Los psiquiatras predicen que ante los problemas que enfrenta Trump puede volverse cada vez más peligroso, utilizando medios drásticos para distraer la atención. En concreto, manifiestan su preocupación por el poder que tiene para ordenar un ataque nuclear sobre algún país.
La Enmienda 25
Estas declaraciones son complicadas para Trump porque podrían ser usadas para invocar la aplicación de la Enmienda 25 de la Constitución (legislada en 1967). Esta medida prevé que en el caso que el presidente no esté capacitado para ejercer su puesto por razones físicas o psíquicas, debería cederlo al vicepresidente. (En círculos cercanos a Trump se especula que Mike Pence, quien ocupa ese cargo, podría hacer sido el autor anónimo del artículo en The New York Times).
Para que este procedimiento se lleve a cabo, tiene que haber acuerdo entre el vicepresidente y el gabinete (secretarios de las diferentes carteras), y se debería comunicar la decisión al Congreso. En ese supuesto, el vicepresidente Pence, un ultraconservador que comparte las políticas de Trump, pero sin el histrionismo y populismo del presidente, asumiría el poder.
No es totalmente imposible que esto ocurriese en el caso que Trump quisiera adoptar medidas que le enfrenten con sectores empresariales que desaprueban sus políticas contra el libre comercio, o que se obcecara en lanzar un ataque contra Irán o Corea del Norte, una medida que el secretario de Defensa Jim Mattis y otros miembros del gobierno y el Congreso consideraran peligrosos para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.
Aún así, no sería sencillo, y posiblemente se transformaría en una guerra interna en la Casa Blanca, en la que quizá la última palabra la tendrían Mattis y el general John Kelly, jefe de gabinete. (Según Woodward, Kelly considera a Trump “un idiota”). El deterioro del sistema democrático dejaría a los militares como jueces de hecho de la situación.
La resistencia al estado democrático
Si Trump perdiese el poder, es casi seguro que su círculo más cercano desertaría, pero los seguidores más radicales entre los 40 millones de votantes podrían responder violentamente. Para ellos la aplicación de la Enmienda 25 sería una conspiración del Deep State (Estado profundo), mezcla de demócratas, periodistas, miembros del partido demócrata y poder financiero que Trump y sus ideólogos, como Steve Bannon, denuncian como “enemigos del pueblo”. (Bannon organiza actualmente un movimiento ultraderechista estadounidense-europeo junto con líderes franceses, italianos, alemanes y austríacos).
Particularmente peligrosa sería la respuesta de sectores radicales del supremacismo blanco (ideología contraria a la inmigración, judíos y negros) que están armados y organizados, e individuos, que decidieran defender a Trump y su agenda de los ataques de “la izquierda” y el “Estado profundo”.
Un estudio del Southern Poverty Law Center, que analiza los grupos radicales armados de ultraderecha, indica que algunas de estas organizaciones, cuyos miembros se consideran verdaderos patriotas, se están entrenando y armando para defender a Trump en caso de que “la izquierda” lo quisiera destituir y frenar su revolución contra la inmigración.
En su reciente libro Bringing the war home. The White Power Movement and Paramilitary America, la profesora de la Universidad de Chicago Kathleen Belew analiza las raíces de las milicias ultraderechistas, neonazis y antiinmigración, formadas en los años 70 por veteranos de la guerra de Vietnam y miembros del Ku Klus Klan, y sus vínculos con la actual derecha alternativa (alt-right) violenta.
En una entrevista con The New York Times Belew considera que es un error calificar a los ultraderechistas de “lobos solitarios”, como han hecho el FBI y el sistema judicial. Por el contrario, configuran una red de organizaciones, de diferentes clases sociales, que ven al Estado liberal, a los demócratas y a los inmigrantes como sus enemigos “existenciales”.
Como indicó Obama la semana pasada, Trump es la consecuencia de años de políticas que han alentado el odio y la división en la sociedad estadounidense. Intentar su destitución agudizará las divisiones, pero si se mantiene en el poder continuará sus políticas destructivas. Las elecciones en noviembre pueden restarle poder en el Congreso, y eso sería un paso fundamental. Pero sus seguidores, agitadores e ideólogos continuarán el trabajo de resistencia, crecientemente violenta, al estado democrático.
Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales y autor de Salto al vacío. Crisis y decadencia de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).
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