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Chile aborto derechos de la mujer Sebastián Piñera

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Un año después, numerosos obstáculos en el acceso al aborto terapéutico en Chile

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Manifestantes pro aborto a las fueras del Ministerio de Educación en Chime. Julio 2018. Reuters

Un año después de la validación por el Tribunal constitucional de la ley que autoriza el aborto terapeútico en Chile, apenas unas 350 mujeres se han acogido a la nueva norma que permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo vital para la madre, inviabilidad del feto o violación. El informe de la FIDH y del Observatorio ciudadano, publicado este lunes, denuncia los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las chilenas en la aplicación de esta ley.


La Ley 21.030, finalmente aprobada en agosto de 2017 durante el mandato de la presidente socialista Michelle Bachelet, reformó uno de los marcos jurídicos más retrógrados del mundo, que criminalizaba y prohibía totalmente la práctica del aborto. Sin embargo, según un informe de FIDH, actualmente, el 97% de las mujeres se encuentra privada del derecho a un aborto seguro y legal. Y el porcentaje restante que sí puede acceder a esta ley, enfrenta varios obstáculos como la cláusula de objeción de consciencia.

De acuerdo a cifras del ministerio de Salud, entre septiembre de 2017 y julio de 2018, sólo 359 mujeres se han acogido a esta ley y, de los 971 médicos obstetras que existen en la red pública, 306 se declararon objetores de conciencia.

►►  Puede leer el informe completo de la FIDH, aquí 

"En la práctica, ha habido denegación de servicios, lugares donde no ha habido médicos disponibles para realizar los abortos y, si bien las mujeres, incluso las menores en cierto rango de edad, pueden solicitarlo, vemos que muchas veces las familias resultan ser un elemento que restringe este derecho", explicó a RFI Paulina Acevedo, del Observatorio ciudadano, que agrupa a unas 180 organizaciones chilenas que firman este informe con la FIDH.

Sobretodo, las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres alertan sobre un nuevo reglamento de aplicación de la ley, que promueve el actual gobierno del conservador Sebastián Piñera. Busca ampliar la objeción de consciencia a las instituciones de salud.

Actualmente los médicos pueden rechazar de manera individual practicar abortos si consideran que es contrario a sus creencias religiosas o convicciones morales. Una ampliación a los centros de salud que, según apunta la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), no está reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos.

Manifestantes pro aborto piden una educación sexual igualitaria. Valparaíso, julio 2018. Reuters

Otro de los impedimentos a los que se hace frente para ejecutar esta ley se refiere a los plazos limitados en los que se debe practicar el aborto y a la prohibición de las campañas de publicidad sobre los servicios de aborto.

Aquí el protocolo propuesto y en discusión: