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Chile: abuso sexual y tortura en albergues infantiles según ONU

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Foto referencial. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Según el informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU, los menores a cargo del Servicio Nacional del Menor (Sename) en Chile han sido víctimas de "graves violaciones a los derechos del niño" por más de 40 años y 210 han muerto en los últimos diez años. Los casos de maltrato van desde el abuso sexual, tortura y hasta la muerte. 

 


Por Natalia Zapata

En este documento, avalado por el Ministerio de Justicia, se señala la responsabilidad del Estado chileno por “graves violaciones de la convención internacional sobre los derechos del niño”.

Actualmente, 150.000 menores viven en centros del Sename, en residencias de acogida secundarias o se encuentran bajo programas de protección, que según este informe han sido víctimas de abusos sexuales, torturas y "tratos crueles e inhumanos” por parte del personal responsable del cuidado de los menores”. 

El informe también revela casos de muerte

Esta investigación que se abrió tras la muerte de Lissette Villa, una niña de once años que fue golpeada y asfixiada por dos trabajadoras del SENAME reveló que lo sucedido con ella no era una excepción sino una práctica común. Según cifras del propio Servicio, en los últimos diez años, 865 niños a su cargo fallecieron. De esta cifra, 210 se encontraban en el sistema de residencias.

Separar a los niños de sus familias es lo más fácil pero lo menos recomendable

En sus recomendaciones el Comité de la ONU considera que separar a los niños de sus familias debe ser la solución de último recurso. Asimismo, critica a los jueces, quienes separan a los menores de sus familias “por razones de carencia económica” cuando una solución más adecuada sería otorgar “la ayuda material que requiere la familia”.

Además, separar a los niños de sus familias no implica necesariamente una mejoría en su situación: el Comité descubrió que 400 menores se encuentran en hogares que no están regulados judicialmente y sin los cuidados necesarios.

El Comité le ha dado un plazo de seis meses al Estado chileno para elaborar un informe detallando las medidas adoptadas para solucionar esta situación. Se espera que este plan incluya "acciones en salud, especialmente, tratamiento psicológico, educación, vivienda, justicia y, en su caso, indemnización económica".