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Una reforma para la desacreditada justicia peruana

Por Alejo Schapire

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, instaló una comisión de "honorables" para preparar en apenas dos semanas una propuesta de reforma judicial, a raíz del escándalo de unos audios de jueces que ofrecen rebajas de penas o fijan tarifas por servicios turbios.

Perú continúa sacudido por el escándalo de la corrupción judicial destapado a raíz de la divulgación de grabaciones donde se escucha a jueces y funcionarios judiciales ponerle tarifa a sus sentencias. La Policía peruana capturó este domingo al suspendido juez Walter Ríos tras revelarse diversos audios que lo vinculan a presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, informó el ministerio Público.

El viernes, el presidente peruano Martín Vizcarra destituyó el viernes al ministro de Justicia, Salvador Heresi, poco después de que se divulgara una conversación telefónica suya con un cuestionado juez en el escándalo de los audios.

Horas antes, eran suspendidos varios magistrados, entre ellos Walter Ríos, presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao. Ríos aparece en uno de los audios divulgados pidiendo dinero.

Entretanto, se ordenó el impedimento de salida del país del magistrado de la Corte Suprema César Hinostroza, a quien se le escucha negociando sus sentencias.

En este contexto convulsivo, el presidente peruano nombró el viernes una comisión de siete juristas, encabezada por el excanciller Allan Wagner, que presentará una propuesta de reforma judicial en menos de dos semanas.

La iniciativa es celebrada por Samuel Rota, director ejecutivo de Proétia, capítulo peruano de la organización anticorrupción Transparencia Internacional.

“Nos parece saludable que el presidente haya salido a plantear la reforma integral del sistema de justicia. Luego del colapso del régimen fujimorista, hace ya cerca de dos décadas, hubo propuestas bastante ambiciosas ofreciendo una nueva forma de organizar nuestro sistema de justicia. Incluso el informe de la comisión especial contemplaba ya una gran cantidad de proyectos de ley ya redactados para que el congreso los aprobara y se implementara la reforma en toda su extensión”, recuerda.

“Sin embargo, eso quedó empantanado, hubo mucha resistencia en los propios operadores del sistema de justicia, considerando que era una intromisión al fuero judicial y que ellos se podían reformar solos, cosa que evidentemente nunca ocurrió. Estamos viendo las consecuencias. Nosotros creemos que si [el presidente Vizcarra] dedica su gobierno a llevar adelante la reforma e implementarla y salir al final de los tres años que le quedan con un nuevo sistema de justicia, creo que habrá hecho una gran cosa por el país”, concluye.

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