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Chile anuncia impuestos para Uber, Netflix, Spotify y otras empresas digitales

Por Efraín Rodríguez Valdivia

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que el gobierno de Sebastián Piñera impondrá el impuesto al valor agregado a las transacciones comerciales de las aplicaciones y plataformas digitales como Spotify, Netflix, Amazon, Airbnb, Uber y otras.

La medida ha cobrado un especial revuelo, pues los especialistas tributarios han iniciado un debate de cómo gravar un impuesto en empresas transnacionales que tienen sedes en un país y facturan en otro.

"Creemos que compañías como Uber en transportes de pasajeros; Airbnb en servicio de alojamiento; Netflix y Spotify, en entretenimiento; y todo el comercio digital como Amazon y AliExpress, por dar algunos ejemplos, deben tributar, aportando así al desarrollo de Chile y nivelando la cancha con sus competidores", dijo

el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

"No es justo que prestando el mismo servicio unos paguen impuestos y otros no", agregó el ministro, en un punto de prensa en uno de los barrios del comercio de artesanal de zapatos más tradicionales de Santiago, que lucha desde hace años por sobrevivir a la competencia de productos importados.

En un comunicado, Uber aseguró que "cumple con el pago de impuestos en todos los países en los que opera", y en el caso de Chile "seguiremos cumpliendo con el marco jurídico actual y el que posteriormente sea definido por la autoridad".

En principio, está previsto que todas estas compañías digitales de gran expansión en el mundo paguen impuesto a la renta, al valor agregado (IVA) y arancel de importación, salvo que sus países de orígenes tengan un tratado de libre comercio con Chile.

Hoy, plataformas como Uber, Netflix y Spotify no tributan en Chile debido a que no poseen un establecimiento permanente en el país. De poseerlo, pagarían impuesto a la renta por sus ganancias e IVA (19%) por sus operaciones. Empresas de transportes como Uber y Cabify ni siquiera son legales en el país, donde sus actividades están prohibidas mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley para regular sus operaciones.

Entrevistado:

Felipe Bravo, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

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