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Venezuela Nicolás Maduro Economía

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El gobierno interviene el principal banco privado de Venezuela

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Tras el arresto de Óscar Doval, presidente ejecutivo de Banesco, y de otros 10 de sus directivos, el gobierno intervino por 90 días la entidad con presencia en Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y España. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

El gobierno venezolano acusa a Banesco, el banco privado más importante del país de estar involucrado en ilícitos cambiarios que atentan contra la moneda nacional. Por eso ha ordenado la detención de 11 de sus directivos, incluyendo a su presidente ejecutivo, así como una intervención de puertas abiertas.


Por nuestro corresponsal en Caracas, Victor Amaya

Las operaciones y la atención a clientes de Banesco seguirá funcionando con normalidad, durante la intervención a puerta abierta que durará en principio 90 días

El gobierno de Nicolás Maduro puso contra las cuerdas al banco privado más grande del país y al segundo de todo su sistema financiero. Se trata de la operación "Manos de Papel", que según la fiscalía ha detectado ilícitos cambiarios, en un país donde está vigente un férreo control de cambio desde hace 15 años.

Los directivos del banco habían sido convocados a una reunión y allí fueron apresados por funcionarios de contrainteligencia militar. El propiertario de la empresa, Juan Carlos Escotet, anunció que llegará a Caracas desde Europa para buscar la liberación de los ejecutivos. Escotet afirmó que la compañía había colaborado con las investigaciones, y calificó como "desproporcionada" la actuación del gobierno.

Por su parte, la embajada de España ha informado que dos de los 11 encarcelados tienen nacionalidad española y por lo tanto ha solicitado al gobierno permiso para ejercer asistencia consular.

Banesco cuenta con más de 8 millones de clientes y maneja el 24% de las operaciones bancarias de Venezuela, además de buena parte de las transacciones en puntos de venta en un país con hiperinflación y escasez de efectivo.

Analistas temen que se produzca una corrida financiera que desestabilice a la empresa y la guíe a su desaparición. La medida del gobierno ocurre a 17 días de unas elecciones presidenciales.