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En Chile, una nueva ley de migración con tintes discriminatorios

El proceso de regulación extraordinaria de inmigrantes instaurada por el presidente Sebastián Piñera arrancó con una masiva concurrencia de extranjeros que buscan legalizar su situación migratoria en el país. Pero para migrantes y ONGs, la nueva ley empeora el frágil estatuto de los haitianos en Chile.
 

Por nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Yasna Mussa,

El 9 de abril, el presidente Sebastián Piñera firmó el esperado proyecto de ley de Migración. El mandatario hizo su anuncio destacando que traería orden al país. Afirmó que la ley no ha sido actualizada desde 1975 y que, frente a la realidad, exige tomar cartas en el asunto de manera urgente. 

Las semanas siguientes después del anuncio, se instalaron varios puntos en el país para comenzar un proceso de regularización para abarcar a los casi 400 mil extranjeros. RFI estuvo en el estadio Victor Jara, donde se desarrolla el proceso.

"Es un proceso tranquilo, ordenado", describe Enrique Beltrán, delegado provincial de Santiago. Al igual que el presidente Piñera, Beltrán insiste en destacar el orden.

Sin embargo, tanto Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos

Humanos, ONGs, agrupaciones y académicos vinculados a la migración han manifestado su preocupación por lo que implica, más allá de la forma, la actual normativa.

"La migración llegó para quedarse en Chile", afirma María Emilia Tijoux, doctora en sociología de la Universidad París 8 y coordinadora de la cátedra racismos y migraciones contemporáneas en esta casa de estudios. Por lo tanto, los procesos de trabajo tienen que ser profundos y estructurales. Tiene que considerar a todos los agentes del Estado, a las universidades, a la formación, a la capacitación y lo más importante de todo, considerar a la sociedad chilena", resalta la investigadora, y agrega: "En Chile, no hay mirada humanista".

Para Tijoux este proyecto de ley está basado en la seguridad y apunta a siete nacionalidades en específico: Colombia, Venezuela, Haití, República Dominicana, Bolivia, Perú y Ecuador. Son países con los que se hace una distinción, a cuyos ciudadanos se les mira con sospecha debido a su origen y color de piel. "Cada vez que se vincula migración y delincuencia", lamenta Tijoux. "No se permitirá la entrada a los sospechosos, no sólo a los delincuentes. Y los más sospechosos son siempre los más pobres". 

En 2012, Chile exigió visa consular de manera unilateral a República Dominica, situación que no disminuyó el flujo migratorio, pero aumentó el ingreso por zonas de riesgo. La nueva normativa aplica la misma medida para los ciudadanos haitianos, algo que preocupa enormemente a los expertos y organizaciones de migrantes, que consideran que la medida es racista.

Considerando que la mayoría de los migrantes llegan a Chile buscando mejores oportunidades laborales, el detalle de lo que pasará en esa materia es una preocupación transversal. 

Yvenet Dorsainvil, es haitiano y vive en Chile desde hace 8 años. Es el presidente de la Plataforma de Organizaciones Haitianas, desde donde ha seguido de cerca y con preocupación los nuevos anuncios del gobierno, sobre todo a nivel de visado. "Los haitianos que están en Santiago pueden pasar un o dos años, sin tener documento", explica. "Mientras que los que van a trabajar en las uvas, en la agricultura, tienen su documento fácilmente. Y los que llegan con su título universitario tienen que ir igual a trabajar en las plantaciones o en la construcción."

Además, este proyecto prohíbe que se pueda solicitar el cambio de calidad migratoria de turistas a residentes estando en Chile.

Para Héctor Pujols, un catalán residente en Chile y miembro del consejo consultivo nacional de migración, que agrupa organizaciones de migrantes, ONGs y académicos, existe una distancia entre el proyecto y la realidad que viven los extranjeros en el país. Explica de hecho que "el mismo día que se aprobaron estas medidas se destituyeron a los miembros del consejo consultivo, de forma arbitraria."

El Servicio Jesuita a Migrantes, el SJM, es una ONG que lleva 18 años trabajando con migrantes y conoce de cerca sus realidades,  procesos necesidades. José Tomás Vicuña, jesuita y director nacional, dice que muchos migrantes tienen miedo de regularizarse, "pese a que es una medida que les va a favorecer, por temor a ser expulsados."

El mismo Servicio Jesuita a Migrantes en una semana capacitó e informó a 2500 personas, muchas de ellas funcionarios públicos.

En el caso de Venezuela, el gobierno chileno ha creado una visa especial de responsabilidad democrática. Algunas organizaciones han denunciado manipulación política por la situación que se vive bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

En Chile, la incertidumbre sigue reinando tanto en el proceso como en las consecuencias que tendrá esta nueva normativa. Mientras, miles de migrantes, sobre todo haitianos, esperan conseguir una visa que le permita soñar con una mejor vida.

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