Sánchez de Lozada, responsable por la masacre de civiles en 2003
Un tribunal civil de Florida responsabilizó al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada junto al exministro Carlos Sánchez Berzaín, de la muerte de ocho personas ocurridas en una manifestación social registrada en Bolivia en 2003.
Primera modificación:
El tribunal civil de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, fijó compensaciones para los familiares de las víctimas que llegan a los 10 millones de dólares.
Pese a que ninguno de los dos acusados asistió a la lectura del veredicto en la Corte en el norte de Miami, ambos fueron declarados responsables por las acusaciones extrajudiciales. No obstante, el tribunal aclaró que no se trató de asesinatos intencionados, anotación que el equipo de la defensa consideró como una gran “incoherencia” y destacaron que el juez es quien tiene la última palabra en cuanto a la decisión.
Por su parte, los representantes de las nueve personas que demandaron al expresidente y al exministro se mostraron optimistas por el veredicto dado por el tribunal que todavía debe pasar por el juez que lleva el caso para emitir una condena definitiva.
“Es un mensaje al mundo. Nunca antes unas personas humildes como ellos habían sentado a un expresidente ante un tribunal y habían ganado”, afirmó a la agencia EFE Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, quien hace parte del equipo legal de los demandantes.
Una vez conocido el veredicto por parte de los jueces, tanto los abogados como los demandantes ofrecieron una rueda de prensa en la que mostraron fotografías de gran tamaño de las ocho víctimas que fallecieron en 2003 y cuyo deceso es el objeto de esta demanda civil presentada en conjunto por los familiares de los fallecidos en 2007.
La guerra del gas llevó a la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada
Los hechos ocurrieron en el marco de la llamada “guerra del gas”, que comenzó en Bolivia en el año 2003 contra un plan del gobierno para la exportación de combustibles a través de Chile, y que llevó a la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien gobernó ese país de América del Sur entre 2002 y 2003, en este último año para el mes de octubre ya habían muerto unas 50 personas a causa de las revueltas.
Tanto Sánchez de Lozada, de 87 años, como Sánchez Berzaín, de 58, residen actualmente en Estados Unidos, país que les concedió asilo una vez abandonaron su nación. Los acusados han solicitado una investigación independiente y exhaustiva de los hechos ocurridos en 2003. Por ese motivo el tribunal ha pedido “información complementaria” a las partes involucradas, por lo que realizará una nueva sesión el próximo 4 de mayo, posteriormente el tribunal emitirá su decisión sobre el caso.
Los asesinatos sin intención o las ejecuciones extrajudiciales
A lo largo de juicio, las dos partes implicadas presentaron alrededor de 40 testigos, grabaciones y videos con los que buscaron determinar si el Gobierno del expresidente Sánchez de Lozada planificó y ordenó de manera intencional que los militares mataran civiles para contener las protestas y revueltas en diferentes puntos de Bolivia y si tuvo una voluntad real de intentar negociar con los manifestantes para evitar pérdidas humanas.
De igual forma, se trató de establecer el Gobierno del actual presidente de Bolivia, Evo Morales, quien estuvo detrás del inicio de la demanda que llevó a un juicio en cortes del estado de la Florida, así como su posible participación en las manifestaciones del 2003, cuando era líder del sindicato de los cocaleros de su país.
Los abogados que representan a Sánchez de Lozada y a Sánchez de Berzaín responsabilizaron al presidente Evo Morales y al líder aimara Felipe Quispe de ser los promotores de los bloqueos en las vías y puentes estratégicos que llevaron a la escases de alimentos, medicinas y combustible en grandes ciudades como La Paz y El Alto, en donde sucedieron enfrentamientos violentos con las autoridades.
El expresidente Sánchez de Lozada, en su momento jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, dijo durante su testimonio en el juicio que “agotó los recursos para dialogar con los manifestantes durante los disturbios y bloqueos de vías” y que nunca dio una orden a los militares de matar civiles para reprimir las protestas y finalizar la crisis institucional que vivía Bolivia.
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