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Muere Rios Montt, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina

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El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt muere escapando a una condena a 80 años de prisión por genocidio dictada en 2013 y a un nuevo juicio impulsado por las victimas tras la anulación de esa sentencia ©Reuters.

Ríos Montt muere sin dar tiempo a la justicia para pronunciarse sobre las masacres, saqueos, tortura, homicidios y desapariciones que se perpetraron durante su periodo de mando a comienzos de la década de los años 80. Bajo la excusa de la lucha contrainsurgente, el entonces general ordenó impulsar la “estrategia de tierra arrasada” en los territorios habitados por los indígenas mayas.


Con su muerte, el juicio contra Efraín Ríos Montt queda cerrado. El ex dictador guatemalteco estaba siendo juzgado a puerta cerrada por el delito de genocidio y crímenes contra la humanidad, en un nuevo proceso impulsado por víctimas y asociaciones de derechos humanos después de que en 2013 la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano anulara la condena a 80 años emitida contra el ex general.

En una entrevista con Radio Francia Internacional, el abogado Edwin Qanil, representante legal de las víctimas agrupadas en la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, AJR, precisa que el juicio seguido contra Ríos Montt por los crímenes cometidos contra el pueblo maya Itxil en el departamento de Quiche -unas 320  masacres que se saldaron con la muerte de 1771 miembros de esta comunidad- “solo es una fracción de las otras masacres perpetradas bajo su régimen”.

 ”Quedan pendientes los procesos por los genocidios perpetrados contra otros tres pueblos mayas del país”, indica el defensor de las víctimas y agrega que como máxima autoridad el entonces general Ríos Montt daba la orden para ejecutar las masacres pero que “existe un grupo de militares detrás de estos crímenes que bien esperaban las ordenes o, en otros casos, concertaban y planeaban dichos crímenes”.

En ese sentido, actualmente se sigue el juicio público contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fungía como jefe de inteligencia del periodo Ríos Montt (1982-1983),  considerado como el más sangriento en los 36 años de guerra civil en Guatemala. Según la ONU, entre 1978 y 1984 ocurrieron el 91 % de las violaciones a derechos humanos en una  guerra que dejó 200.000 muertos y desaparecidos.

Un proceso truncado por la impunidad

El juicio al ex dictador se remonta al año 1999 cuando la líder indígena y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, presentó una acusación ante la Audiencia Nacional de España, en la que pedía que Ríos Montt y otros siete altos cargos militares respondieran por los crímenes cometidos durante su régimen. La denuncia fue admitida en el año 2000 por un juez español que emitió una orden de captura con fines de extradición para Ríos Montt y que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca dejó sin efecto.

Trece años después, el ex general sería juzgado en su país y condenado a 80 años de prisión. Pero solo diez días más tarde, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia arguyendo irregularidades. A partir de esta decisión, comenzó un nuevo proceso judicial, impulsado por víctimas y defensores, que culminó este lunes de 1 de abril con su muerte.

La decisión de la Corte muestra “hasta dónde el sistema de justicia de Guatemala está cooptado por la impunidad” asegura el abogado Edwin Qanil quien aclara que la Corte de Constitucionalidad del país  centroamericano, no es competente  para revisar este tipo de fallos. “Sin embargo, la Corte hizo uso más allá de sus facultades resolviendo a favor del ex general Ríos Montt. Esa decisión es un fraude total”, afirma Qanil.  

Dos años después, en 2015, las organizaciones involucradas en el proceso   presentaron una denuncia contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que votaron a favor de anular la condena contra Ríos Montt. Uno de los denunciantes fue precisamente el abogado de las víctimas, Edwin Qanil.

“Ahora esos dos magistrados que anularon la sentencia contra Rios Montt se están postulado para cargos clave como el de Fiscal general de la nación. En un momento importantísimo de lucha contra la impunidad, ellos quieren debilitar todo lo que se ha avanzado”  dice el jurista  citando directamente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera.