rfi

Escuchar
  • Español
  • Último noticiero
  • RFI Mundo
Noticias de América
rss itunes

Otro escándalo de corrupción involucra a ex funcionarios panameños

Por Raphael Morán

La fiscalía panameña sospecha que varias constructoras locales pagaron sobornos a altos exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli. Los montos alcanzarían los 40 millones de dólares.

Un nuevo escándalo salpica la clase política y empresarial en Panamá.  A la encarcelación del expresidente Martinelli por espionaje y las revelaciones de los sobornos que pagó la empresa Odebrecht a altos responsables del gobierno anterior, se suma otra mega investigación. Se trata del caso Blue Apple, del nombre de una empresa pantalla que sirvió para blanquear 40 millones de dólares de sobornos que constructoras panameñas habrían pagado a altos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli.

La fiscal panameña Kenia Porcell no citó los nombres de los sospechosos pero aseguró que "se ha demostrado que exfuncionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda exigieron a empresarios del sector de la construcción", en 2011 y 2012, "un porcentaje relacionado con el valor de la obra".

El pago del soborno, que iba del 5% al 10% del valor del proyecto, era "a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución" de las construcciones.  Las empresas acusadas, según las investigaciones, son las constructoras Conalvias, Meco, Rodsa, Bagatrac, Ingenería REC, GS Contractors (Grupo Corporativo GS) y Concepto y Espacios.

Acabar con la impunidad

Para Annette Planells, directora de la ONG Movin, agrupación anticorrupción en Panamá, el caso Blue Apple evidencia la falta de legislación anticorrupción en Panamá. “Todavía no hemos terminado de salir de la investigación del caso Odebrecht y ahora salta este nuevo caso que parece haber copiado las mismas prácticas de esta compañía, con constructoras locales”, dijo Planells a RFI.

“De la investigación sale que la Unidad de análisis financiero falló en su responsabilidad de informar sobre los movimientos bancarios que habían sido reportados por los bancos”, subraya la activista anticorrupción. La directora de la ONG Movin considera que su país no dispone de la legislación adecuada para luchar contra la corrupción. “Los delitos prescriben, las audiencia no se dan, y las pruebas se presentan pero a veces los jueces no fallan en derecho”, denuncia Planells.

Su organización abogada por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, actualmente en debate en la Asamblea nacional; y pide que las personas condenadas por corrupción sea inhabilitadas a ejercer cargos públicos.

La acumulación de los escándalos de corrupción en Panamá, algunos de impacto internacional como el de los Panama Papers que destapó las prácticas del país en materia de evasión fiscal, llevó a centenas de ciudadanos a movilizarse en las calles la semana pasada.

El profesor de derecho constitucional y opositor Miguel Antonio Bernal pide por su parte que las empresas condenadas por haber regalado sobornos a funcionarios sean excluidas de las licitaciones de obras públicas.

Bernal considera incluso necesaria una la ayuda de la cooperación internacional “como se hizo en Guatemala”, en alusión a la Comisión internacional contra la corrupción en Guatemala (CICIG).

>Más información sobre los logros de la CICIG.

El nuevo escándalo de corrupción Blue Apple pone a prueba el sistema judicial panameño acusado de laxismo contra los funcionarios corruptos. Además, el país arrastra la mala imagen de paraíso fiscal desde que la Unión europea lo incluyó en su lista negra de naciones que incentivan la evasión fiscal en diciembre.

Entrevistados:

-Annette Planells, directora de Movin, movimiento anticorrupción en Panama

-Miguel Antonio Bernal, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Panamá, y precandidato presidencial para la elección de 2019.

Ecuador es un país transitorio y Perú el destino final para los venezolanos

Argentina: La historia detrás del destape de 'los cuadernos de la corrupción'