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Argentina juzga a dos ex directivos de Ford por torturas en la dictadura

Por Efraín Rodríguez Valdivia

En un hecho histórico, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, en Argentina, inició la primera audiencia por la tortura de veinticuatro trabajadores en la planta de la empresa Ford. Dos directivos están imputados por proporcionar datos personales de los obreros sindicalizados y prestar sus instalaciones para perpetuar las masacres.

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El ex gerente de manufactura, Pedro Müller; el ex jefe de seguridad de la planta, Héctor Francisco Sibilla; y el ex responsable del Cuerpo 4 de Seguridad del Ejército, Santiago Omar Riveros deberán responder a los jueces por proporcionar información de los miembros del sindicato de la empresa Ford y permitir la tortura de estos dentro de la planta durante la dictadura en Argentina.

Todo comenzó el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla. Como miles de argentinos, Carlos Propato y veintitrés de sus compañeros fueron arrestados por los militares.

Según las investigaciones de la causa, el sindicato de la época trataba de renegociar un incremento de sueldos. Cuando estalló la crisis política, Carlos Propato fue arrestado en horas de trabajo, golpeado y lanzado por unas escaleras. Luego fue trasladado hacia un penal de máxima seguridad donde sufrió escarmientos extremos hasta dejarle parcialmente ciego y fracturarle la columna.

Sin trabajo, sin posibilidades de exilio, sin justicia, Carlos Propato pasó varios años en prisión. Con atisbo de dolor, vio envejecer a sus padres y escuchó las primeras palabras de su hija al pie de su celda.

Todos los agraviados intentaron lograr justicia desde la década de los 80. Pero las leyes y armisticios impidieron el progreso judicial de la causa. Recién en el 2012 se iniciaron las primeras investigaciones dentro de la planta.

Hoy, las posibilidades de una reparación judicial están cercas. Todo dependerá del enfoque judicial y la contundencia de las pruebas.

En este caso, los imputados son personas que bordean la ancianidad. Según la coordinadora del equipo de memoria, verdad y justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales, Luz Palmás Zaldúa, si hay una sentencia se deberá determinar el arresto domiciliario o la prisión.

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