Aprueban polémica ley sobre participación militares en lucha contra narcos
Tras el visto bueno del Senado horas antes, la Cámara de Diputados ratificó la llamada Ley de Seguridad Interior con 262 votos a favor y 25 en contra. Ahora deberá ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Primera modificación:
La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas no podrá exceder un año, pero que puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.
También da al presidente la potestad de ordenar la acción inmediata en casos en que las amenazas a la seguridad representen un grave peligro para la integridad de las personas o para el funcionamiento de las instituciones.
La portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Elizabeth Throssell, expresó a través de Twitter que la aprobación de la norma “no es un paso positivo”.
La ley busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, que puso a soldados a complementar tareas de policía civil y que vino acompañada de una escalada de la violencia.
Pero “los críticos de la ley temen una militarización del país y un número creciente de violaciones a los derechos humanos”, comenta nuestro corresponsal en México, Patrick Jhon Buffe.
Los opositores a la normativa argumentan que la ley perpetúa una medida de excepción que ha vulnerado los derechos humanos en México.
“Los críticos a la ley también afirman que recurrir al ejército durante los años pasados no ha permitido disminuir la violencia. Al contrario. Además, se han registrado numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, los cuales han sido acusados de torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas”, agrega Buffe.
ACNUDH, el ombudsman mexicano y la Comisión Interamericana en la materia habían llamado esta semana al Legislativo a no aprobar la ley tal y como estaba planteada.
La senadora del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz, descartó que sea “intención del gobierno de la República militarizar al país” ni que las fuerzas armadas asuman tareas de Seguridad de manera permanente, según un comunicado del Senado que la cita.
Académicos, políticos de oposición y voces de la sociedad civil, incluyendo celebridades, también protestaron y expresaron su temor a que la norma pueda agravar la violencia en México.
Desde 2007 a la fecha, más de 196.000 personas han sido asesinadas en México y 30.000 están desaparecidas, según cifras oficiales.
Se espera que el ombudsman de México presente un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.
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