La justicia bloquea el "Pacto de los corruptos"
La Corte de Constitucionalidad frena la ley del parlamento de Guatemala para blindar a los políticos corruptos. La medida fue suspendida pues "podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia".
Primera modificación:
El máximo organismo judicial del país centroamericano extendió un amparo provisional contra la aplicación de la ley que, en caso de aplicarse, podría favorecer a decenas de políticos.
El pasado miércoles 107 de los 158 diputados aprobaron la disposición que permitiría exonerar a los dirigentes de los partidos políticos del delito de "financiamiento electoral". La responsabilidad caería sobre los hombros de los contadores de cada organización.
El voto se hizo con carácter de "urgencia nacional", una condición que escandalizó hasta el embajador de Estados Unidos quien dijo "¿urgencia nacional?, que vergüenza". Por su parte cientos de guatemaltecos salieron a las calles para manifestar su hartazgo con la actitud del Congreso que en repetidas ocasiones ha mostrado una posición de defensa de los intereses de una clase política conocida por sus altos niveles de corrupción. Se registraron protestas frente al Congreso en la capital, así como en otras ciudades ante lo que la gente denomina un "Pacto de Corruptos".
El lunes el Congreso rechazó también un pedido de la fiscalía antimafia de la ONU que requirió retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, acusado de haber recibido financiamiento ilícito durante la campaña del 2015. No conforme con denegar el pedido de la ONU, el Congreso aprobó también extender de 5 a 10 años el margen por el que un delito puede ser excarcelable si se paga una fianza. Según la fiscalía, esa ley no hará sino favorecer a los criminales, debido a que casi 400 delitos que figuran en el Código Penal podrían ahora acogerse a la nueva disposición.
El jefe de la misión antimafia de la ONU en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez, al que el presidente Jimmy Morales ordenó expulsar del país el pasado mes de agosto, una medida rechazada por la justicia, declaró "he insistido que es indispensable para que la lucha contra la corrupción fructifique y para quesea una realidad para el país el sistema de justicia debe robustecerse". El mandato del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Ccig) concluye en 2019 y podría ser prorrogado por mutuo acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala. Es difícil imaginar que sea ratificado si el gobierno actual sigue entonces en el poder.
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