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Perú Derechos humanos Ollanta Humala

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El caso Madre Mía acorrala al ex presidente peruano Ollanta Humala

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El ex presidente peruano Ollanta Humala, el 30 de junio de 2016. AFP

La situación del ex dirigente Ollanta Humala, que presidió Perú entre 2011 y 2016, se complica tras la publicación de nuevos testimonios que le acusan de haber cometido crímenes de lesa humanidad en los años 90, siendo éste jefe de la base militar de Madre Mía.


El ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén y el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, han pedido a la Fiscalía a través del diario nacional Perú21, que Humala sea investigado en el caso Madre Mía. Guillén considera que las declaraciones de los testigos son contundentes y que a Humala podría atribuírsele el delito de “de desaparición forzada, secuestro o extorsión”.

“Ya se puede ver quién daba las órdenes para las ejecuciones y ése era el capitán Carlos”, defendió Guillén en el periódico peruano. Un sobrenombre que según los últimos testimonios sería el del propio Humala.

Los últimos en hablar este domingo en Cuarto Poder, fueron los de dos ex soldados que ya han prestado declaración ante la fiscalía entrando en el programa de protección de testigos bajo los alías de “Anchoveta” y “Manzanita”.

Ante las cámaras de televisión “Anchoveta” relataba la orden que recibieron de quien fuera su jefe, el capitán Carlos, de amarrar, encapuchar y degollar a uno de los prisioneros, como si se tratara de una prueba de admisión a la base. El testigo presenció además una decena de asesinatos todos realizados supuestamente bajo las órdenes de Humala. Los cuerpos de unas 50 personas fueron posteriormente calcinados en fosas comunes delante de sus ojos. El soldado Manzanita dio una versión similar de los hechos.

Los testigos fueron sobornados

Ambos indican que fueron contactados por el círculo de Humala en 2006 para decirles lo que deberían decir en caso de ser contactados por el Ministerio Público, en la época en la que se investigaba la desaparición forzosa de Natividad Ávila y Benigno Sullca en 1992, cuando Jorge Ávila, hermano de Natividad, denunció a Humala, jefe de la unidad, de haber ordenado un ataque contra él y sus familiares tras confundirles con integrantes de Sendero Luminoso. Ávila también se retractó y años más tarde reconoció que lo hizo por dinero.

“El caso saltó ya durante la campaña en la que Humala se presentaba como presidente porque algunos soldados reconocieron su foto como la del capitán Carlos”, explica Gloria Cano, directora de la Asociación de Derechos Humanos de Perú, a RFI. “Se inicia entonces una investigación y proceso judicial que fueron archivados porque algunos de los testigos se retractaron; se conoció en ese momento que algunos de los testigos habían tenido alguna adquisición de bienes que no correspondía a sus ingresos y se inició una investigación por la compra de esos testimonios que también fue sobreseído”.

Los nuevos testimonios de Anchoveta y Manzanita, que hasta ahora habían permanecido en la sombra, ponen el foco sobre otros crímenes en la base de Madre Mía, distintos a los que ya se conocían, por los que la fiscal Edith Chamorro ha abierto una nueva investigación llamando a declarar a una decena de testigos que sirvieron en la base durante esos años.

Asesinato de campesinos inoncentes

En los 90, un conflicto armado entre el grupo Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru ensangrentaba el país. Entonces, Humala era jefe de una sección antiterrorista en Madre Mía, situada en el Amazonas, célebre por los abusos allí cometidos, en muchas ocasiones contra pobladores y campesinos inocentes.

“Creemos que esta investigación no debería centrarse en el jefe de la base, también en los que conocieron y ordenaron la situación. Estamos hablando de la muerte de 60 personas en uno de los acontecimientos y unas 100 personas en otro”, sostiene Cano.
Por su parte, Humala ha defendido públicamente su inocencia y ha reiterado que “jamás hemos cometido un acto que corresponda a la violación de los derechos humanos”. Para Humala, la intención de las acusaciones es “inhabilitarle” de la vida pública.