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Puerto Rico se declara en bancarrota para reestructurar su deuda

Por Efraín Rodríguez Valdivia

Puerto Rico tiene una deuda impagable de 70 mil millones de dólares con sus acreedores. En los años 80, la isla se endeudó para desarrollar una industria, pero ésta nunca surgió. Ahora, sin industria y sin dinero, el gobierno no tiene fondos para pagar la deuda. Su gobernador Ricardo Rosselló declaró esta semana al país en bancarrota y pidió la protección de Estados Unidos, quien designará a un juez para reestructurar el monto a pagar. El destino de Puerto Rico es incierto. Aquí lo analizamos.

La economía de Puerto Rico vive las horas más difíciles de su historia. Su gobernador Ricardo Roselló solicitará acogerse una protección por bancarrota total para reestructurar una deuda de 70 mil millones de dólares ante los acreedores de la isla.

A simple vista es difícil entender cómo este país caribeño, tan rico en diversidad y turismo, declara su economía en bancarrota. Para comprender este proceso y el pedido de protección de Ricardo Rosselló, es necesario revisar su efervescente historia económica. Entrevistado por RFI, el investigador e historiador de la Universidad de Puerto Rico, Pedro Reina, dice que es necesario recordar la década de los 80. En esa época, el país buscó dinamizar sus mercados e industria y para lograrlo emitió bonos de deuda pública.

Se prestó dinero para reinvertirlo en fomento industrial. Incluso se otorgó una ley para extender estos créditos y se impuso una flexibilidad tributaria a las empresas. Esto fomentaba un clima de inversiones: las compañías pagaban pocos impuestos con el compromiso de reinvertir sus capitales en la creación de más puestos laborales.

Pero Puerto Rico perdió competitividad en el año 2000. Necesitaba más capital para sostener su proyecto y decidió extender su deuda a través de más bonos para reflotar la economía.

"Llenaron las arcas con más dinero prestado y, mala suerte del destino, la economía no emergió", sentencia Pedro Reina. Cayeron en el hoyo de una deuda superior a su producción desde 2012. La deuda de Puerto Rico era de alto riesgo por la improbabilidad de pago. La isla se volvió entonces blanco fácil de los famosos 'fondos buitres'. Estos son acreedores que compran deudas riesgosas y potencialmente impagables a precios muy baratos. Si el deudor no paga, los acreedores pueden denunciar al moroso en un tribunal o arbitraje para recuperar su dinero, intereses y una indemnización.

Gracias a su vínculo político con Estados Unidos, Puerto Rico quiso buscar una salida a esta pesadilla. Puerto Rico es un Estado libre asociado a esta nación: pertenece a la primera potencia, pero no es parte de ella. Trató de acogerse a la ley de bancarrota del Estado norteamericano que permite un salvataje económico, pero el Capitolio le denegó esta posibilidad por ser un Estado fuera del territorio. Sin embargo, la isla presionó al Congreso de EE. UU. y obtuvo una ayuda jurídica que le dé peso institucional para negociar la deuda con sus acreedores.

Así surge la afamada Ley Promesa y la cláusula denominada Título III. Esta indica que, si Puerto Rico se declara en bancarrota, pedirá la asignación de un juez federal para conformar una junta de supervisión fiscal para renegociar la deuda y poner orden al fin en las cuentas del país con un plan de austeridad. Ahora llegamos al punto inicial: el gobernador Ricardo Rosselló declaró en bancarrota a Puerto Rico y se acogió al Título III de protección.

Para Pedro Reina, Ricardo Rosselló acaba de entregar el control de la isla a un juez que decidirá por el destino de Puerto Rico. "No sabemos a favor de quién jugará o si impondrá un plan de austeridad feroz. El mejor escenario es una reestructuración coherente de la deuda que permita pagarla y generar una matriz de riqueza para vivir. El peor escenario es la demolición de la economía por parte de los acreedores, el embargo total del Estado y el éxodo de los ciudadanos a otros lugares por falta de oportunidades", explica.
 

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