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Nueva reunión de la OEA sobre Venezuela

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Un manifestante muestra una consigna en la que se lee: "Venezuela vive en dictadura". 31 de marzo de 2017. ®REUTERS/Carlos Garcia

La Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá el lunes próximo, por tercera vez en una semana, para estudiar si activa mecanismos diplomáticos con miras a resolver la crisis institucional en Venezuela. 13 países miembros, que abogan por esta posibilidad, buscarán declarar una "violación del orden constitucional".


La convocatoria de la presidencia del Consejo, hecha a últimas horas del viernes, solo prevé la evaluación de "los recientes eventos en Venezuela".

Pero trece gobiernos buscarán aprobar un proyecto de resolución que declara que las decisiones del máximo tribunal venezolano "son incompatibles con la práctica democrática y son una violación del orden constitucional" en el país petrolero.

La iniciativa, que de aprobarse constituiría el paso más drástico de la comunidad continental desde el inicio de la crisis institucional venezolana hace un año, está respaldada entre otros por Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú y México, cuyas capitales lideraron las expresiones regionales de condena y preocupación por los fallos.

Aún así el texto necesitaría al menos 18 votos (una mayoría de los 35 países miembros de la OEA. Cuba fue reintegrada pero no participa) para ser aprobada en el Consejo Permanente.

Aunque seis países del Caribe, que suelen estar alineados con Venezuela, se unieron a las voces que convocaron la sesión, solo uno, Antigua y Barbuda, respalda el proyecto de resolución.

Además Bolivia asume este sábado la presidencia del Consejo Permanente, lo que dará la oportunidad de moderar el debate a un fuerte aliado de Venezuela.

El texto insta a Venezuela a restaurar las competencias de la Asamblea Nacional y resuelve implementar en ese país "mecanismos interamericanos" para la "preservación de la democracia", conforme a la Carta Democrática Interamericana.

Caracas se niega a cualquier intervención de la OEA en sus asuntos internos, y el lunes la canciller, Delcy Rodríguez, acusó a una "facción minoritaria" de conducir una campaña "injerencista".

El presidente Nicolás Maduro negó igualmente el viernes que en Venezuela haya una "ruptura del orden constitucional".

"Las cosas cambiaron"

Incluso la crisis se podría disipar antes de la reunión: según un acuerdo de los poderes públicos venezolanos en la madrugada del sábado, el máximo tribunal revisará las dos sentencias.

El proyecto de resolución se alinea con las expectativas de la oposición venezolana, por años impaciente ante lo que acusan indiferencia de los países vecinos.

"Las cosas cambiaron drásticamente porque se materializó el cierre del poder más representativo de la democracia," dijo el dirigente opositor Henrique Capriles, tras reunirse con Almagro en la sede de la OEA.

Declarando una "hora decisiva en el continente", Capriles igualmente llamó a la mayoría de los gobiernos a exigir la convocatoria de elecciones en Venezuela, así como la liberación de un centenar de "presos políticos" y el establecimiento de un canal humanitario para atender la profunda escasez de alimentos y medicinas.

Los venezolanos padecen la inflación más alta del mundo, que, de acuerdo con el FMI, cerró 2016 en 475% y podría llegar a 1.660% este año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó este viernes a la oleada de condenas a Venezuela, denunciando una "usurpación de las funciones del Poder Legislativo".

Venezuela acude a la reunión con una erosión de sus apoyos en la OEA.
El martes no pudo bloquear un debate sobre la situación en el país en el seno del organismo, y veinte países se comprometieron en una declaración a encontrar "soluciones diplomáticas" a la crisis. El documento solo fue una expresión de los gobiernos, y el ente no aprobó ninguna resolución.

Pero hasta ahora los países se han alejado de las recomendaciones de Almagro, que condenó un "auto golpe en Venezuela", y ha pedido aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender de la organización al país si no convoca a elecciones generales en un mes.

Aprobada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático". En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA.

¿La fiscalía se desliga?

El máximo tribunal venezolano revisará dos sentencias con las cuales se adjudicó las facultades del Parlamento y retiró la inmunidad a sus diputados, según un acuerdo de los poderes públicos anunciado en la madrugada de este sábado.

Los representantes de esas instituciones -excepto el Legislativo de mayoría opositora- acordaron "exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones (...), con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico", señala el texto.

El denominado Consejo de Defensa -integrado por los poderes del Estado- había sido convocado por el presidente Nicolás Maduro para zanjar diferencias luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara el viernes que los fallos del TSJ suponían una "ruptura del orden constitucional".

El presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges, se negó a acudir alegando que Maduro es "responsable del quebrantamiento del orden constitucional" y no podía "pretender ahora ser mediador".

"Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia, que con (...) la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superada", dijo Maduro en cadena de radio y televisión antes de que su vicepresidente, Tareck El Aissami, leyera el documento.

A la cita concurrió el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, pero no Ortega, con quien según el mandatario hubo "conversaciones" durante la reunión del Consejo.

Ver para creer

Las declaraciones de la fiscal general, Luisa Ortega, se hicieron virales en las redes, pero los comentarios manifiestan desconfianza. Muchos creen en un montaje de última hora para "hacer creer que los poderes si están separados", "darle un nuevo respiro al gobierno" e "impedir que la OEA active la Carta democrática".

Rechazo al acuerdo

El vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, rechazó el acuerdo anunciado por Maduro, señalando que "una revisión de la sentencia que deje todo como estaba antes no resuelve un golpe de Estado".

"Presión nacional e internacional seguirá hasta que se restituya el hilo constitucional", advirtió Guevara en Twitter.

Los fallos del TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- generaron fuerte rechazo internacional, especialmente el emitido el pasado miércoles con la cual la corte asumió las competencias de la cámara, a la que declaró en desacato hace más de un año.

La oposición acusa a Maduro de haber perpetrado con ello un "golpe de Estado", mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un "autogolpe".

Pero el jefe de Estado respondió el viernes que "en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos".

Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, los adversarios de Maduro protestarán este sábado bajo advertencias del presidente de que enfrentará cualquier "aventura golpista".

Tras un período de letargo en el que, según encuestas, perdió apoyo de sus seguidores al fracasar un diálogo con el gobierno, la oposición volverá a las calles para exigir respeto a la Asamblea y elecciones para superar la grave crisis política y económica.

A partir de este sábado "vamos a planificar acciones de protesta, a conformar un inmenso movimiento de presión ciudadana y de resistencia", dijo el jefe del bloque parlamentario, Stalin González.

Los diputados sesionarán en una plaza pública de Caracas para "ratificar que la Asamblea representa la voluntad ciudadana", añadió.

Aventuras golpistas

Las sentencias del TSJ se basan en el estatus de desacato en que declaró a la cámara en enero de 2016, por considerar que no desvinculó a tres asambleístas opositores acusados de fraude electoral.

Borges había dicho el viernes que la voz crítica de la fiscal demostraba que el gobierno está fracturado, e instó a la Fuerza Armada y los demás poderes a seguir su ejemplo.
Ante la andanada de críticas, Maduro lanzó el viernes una dura advertencia a la oposición.

"Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle", desafió Maduro, cuya popularidad rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas.

El presidente declaró ser víctima de un "linchamiento diplomático" y de un plan liderado por Estados y gobiernos de derecha, a través de la OEA, para derrocarlo.

Pese a ello, reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congeló en diciembre pasado, alegando que el gobierno incumplió acuerdos sobre un cronograma electoral y liberación de opositores presos.
"Estoy listo para retomar el diálogo con la participación del Papa (uno de los facilitadores del proceso)", sostuvo.

Con la AFP