Fue una de las promesas más emblemáticas de Barack Obama cuando inició su mandato como presidente en 2009: cerrar la cárcel extraterritorial que su predecesor George W. Bush abrió en la base de Guantánamo en la isla de Cuba.
Esta cárcel por la que pasaron cientos de presuntos soldados de Al Qaeda detenidos después de los atentados del 11 de septiembre se convirtió en un centro de detención ilegal, fuera del derecho estadounidense y donde se practicó la tortura para obtener delaciones.
Moazzam Begg, un anglo-pakistaní, fue detenido durante tres años en Guantánamo, sospechoso de ser un aliado de Al Qaeda. La Justicia abandonó los cargos en su contra: "Mucha gente que fue detenida allá, yo incluido, nunca recibió ninguna acusación formal y fue liberada tras ser interrogada por los más poderosos servicios de inteligencia. Si Guantánamo fue abierta para proteger el mundo entonces no sirvió de mucho. Una de las consecuencias directas de la invasión de Afganistán e Irak fue el auge de Daesh. Y al lado de esta organización, Al Qaeda parece relativamente moderada".
Según Dixon Osburn, director ejecutivo del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, ONG de defensa de los derechos civiles en California, “el presidente Obama prometió en el segundo día de su mandato cerrar Guantánamo, pero tuvo que enfrentar la resistencia del Congreso que impulsó varias leyes para bloquear sus esfuerzos. Obama sin embargo ha podido reducir la población de la cárcel. Pasó de 179 presos cuando inició su mandato, y ahora hay 49 presos. Y 20 están listos para ser transferidos si encuentran países terceros que los acepten entre hoy y la toma de posesión de Donald Trump”.
“La cárcel de Guantánamo llegó a tener 779 presos”, prosigue Osburn, “sin embargo quedan aún personas que fueron acusadas de crímenes. La administración fue forzada de enjuiciarlos en Guantánamo, pero estos juicios fueron un desastre. Entonces Obama no pudo cerrar las instalaciones, porque el Congreso se lo impidió".
Quedan ahora pocos días para las últimas transferencias antes del 20 de enero, día en el que Donald Trump asumirá su cargo. El presidente electo de Estados Unidos dijo en un tuit la semana pasada que no debería de haber liberaciones y calificó de extremadamente peligrosas las personas encarceladas en el enclave.
Si bien varios presos fueron efectivamente condenados por terrorismo al regresar a su país, como varios franceses, Guantánamo pasará a la historia como el símbolo de la violación del derecho internacional y del debido proceso. La ONG Centro para la Justicia y la Responsabilidad teme un retroceso con la llegada de Donald Trump: “La administración Trump va a mantener los tribunales militares de Guantánamo. Tenemos la esperanza, aunque no es una esperanza muy sincera, que no reconstruirán esta cárcel. Esto sólo serviría para esquivar el derecho. El problema es que hay gente como el presidente electo Trump que está convencida de que la tortura es una práctica fantástica”, explica Dixon Osburn.
“Ahora bien, hay muchos generales retirados como el General Mattis que será secretario de Defensa, que dicen que la tortura no funciona. Trump parece haber escuchado este mensaje, esperemos que lo siga. Además, el senador republicano Mc Cain dice que si Trump vuelve a autorizar la tortura, lo demandará en tribunales”, concluye Osburn.
Para la treintena de presos que los tribunales de Guantánamo no declararon liberables, la incertidumbre es total. Sus abogados temen que después de 15 años de detención, se queden aún más tiempo en un limbo jurídico.
Entrevistados: Dixon Osburn, director ejecutivo del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, y Moazzam Begg, ex preso de Guantánamo liberado en 2005 sin cargo.
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