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Colombia Gustavo Petro Proceso de paz

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Destituido el alcalde mayor de Bogota, Gustavo Petro

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Discurso de Gustavo Petro tras conocerse la noticia de su destitución, Bogotá, 10 de diciembre de 2013. Reuters

Miles de personas ocuparon la Céntrica Paza de Bolívar en Bogotá en protesta contra la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro. La drástica medida fue tomada por el procurador general Alejandro Ordoñez bajo el argumento de que el burgomaestre de izquierda es responsable del caos ocurrido en diciembre del año pasado cuando trasladó la recolección de basuras de manos de empresas privadas a entidades públicas para convertirla en un servicio.
 


Escuche el informe de la corresponsal de RFI en Bogotá 10/12/2013 - de Natalia Orozco Escuchar

Según el procurador colombiano, el alcalde de izquierda Gustavo Petro puso en riesgo la vida de las personas durante los tres días primeros días en que se puso en marcha el nuevo modelo adoptado por la alcaldía mayor y durante los cuales los desechos estuvieron tirados en las calles de la capital, una ciudad de más de 8 millones de habitantes.

Escuche la decisión del Procurador de Colombia, Alejandro Ordoñez, de destituír al alcalde de Bogotá 10/12/2013 Escuchar

Conocido por sus posiciones ultraconservadoras, el procurador Ordoñez es un férreo opositor al actual proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC así como a la legalización del aborto y el matrimonio entre parejas homosexuales. Abanderando de la lucha contra la corrupción, ha sancionado a 828 alcaldes, 622 concejales y 49 gobernadores. Este récord de destituciones de parte de un funcionario elegido por el Congreso a gobernantes elegidos por voto popular es posible en Colombia porque la Constitución del país le otorga esa facultad específica al Procurador aún cuando la norma entra en contradicción con tratados internacionales.

 

Petro: 'Aquí comienza una revolución democrática y pacífica'

“Es un golpe de Estado sobre el gobierno progresista de Bogotá”, sentenció el alcalde Gustavo Petro tras conocer la decisión del procurador. “Veremos si es cierto que es un delito en Colombia desprivatizar un servicio publico” dijo Petro a los miles de bogotanos que le brindaron su apoyo masivo en la Plaza de Bolívar a quienes invitó a guardar la calma pero dejando en claro que no permitirá que “el voto popular y la democracia se arrodillen”.

Discurso del alcalde Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar de Bogotá, tras conocerse su destitución 10/12/2013 Escuchar

La destitución del alcalde de Bogotá por orden del procurador no solo desató la protesta de la ciudadanía sino que sumió al país en un debate político y en una controversia jurídica. La Constitución colombiana permite a un funcionario destituir a un gobernante elegido popularmente, pero el país ha suscrito tratados internacionales firmados que prohíben ese tipo de decisiones. La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe condena, por un juez competente, en proceso penal.

La cuestión se complica aun más porque los fallos del procurador en la práctica no tienen apelación de modo que, en caso de que un funcionario sancionado no está de acuerdo con dicho fallo, tiene que pedir reposición otra vez ante el procurador o invocar otro recurso ante el Consejo de Estado. Ante semejante embrollo jurídico y tras conocer la información de la destitución del alcalde Petro, el propio ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, reconoció que ese punto de la Carta Magna debe reformarse.

Petro había recurrido en octubre pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares para evitar una eventual destitución por parte de la Procuraduría.

La destitución de un alcalde elegido popularmente y que además fue miembro del Movimiento guerrillero M-19 que, en 1990, firmó la paz con el gobierno colombiano, ha sido considerada por algunos analistas y políticos como un mensaje funesto para las negociaciones de paz que actualmente adelanta la administración del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC y de las que es punto clave la futura participación política de los miembros de este grupo subversivo una vez desmovilizados.